La empresa Canaricem reclama cinco millones de euros al Ayuntamiento
La empresa Canaricem, que gestiona los cementerios municipales de la capital grancanaria, reclama al Ayuntamiento casi cinco millones de euros por la suspensión del cobro de la tasa de mantenimiento de los enterramientos y las compensaciones por la subida del IPC.
La suspensión de la tasa de mantenimiento a principios del mandato del anterior alcalde, Jerónimo Saavedra, ya le ha costado a la ciudad 1,4 millones de euros, que tuvo que pagar el Consistorio el pasado verano, a través de un crédito ICO, para compensar a Canaricem por lo que no recaudó en 2007. Los tribunales le dieron la razón a la concesionaria, que ahora está pendiente de que el juez dicte sentencia por los recursos que ha presentado para reclamar la recaudación correspondiente a los años 2008, 2009 y 2010, cuya cantidad asciende a 4,18 millones de euros. A esta cifra hay que añadir otros 775.000 euros que exige la empresa por la actualización del Índice de Precios al Consumo (IPC) de dichos ejercicios en los que no se cobró la tasa, según explicó la directora de Canaricem, Marina Bethencourt, quien añadió que la concesionaria ha tenido que renunciar a 250.000 euros por los intereses de demora de la deuda de 2007, al acogerse al pago a través del crédito ICO.
Fuentes de la Concejalía de Cementerios, que dirige Mimi González, señalaron que el Ayuntamiento está a la espera del pronunciamiento de los tribunales. Las fuentes no aclararon si la tasa de cementerios, que fue aprobada durante el mandato de Pepa Luzardo, se recuperará o será anulada.
El recurso correspondiente a la anualidad de 2008 está ya visto para sentencia. La eliminación de la tasa de mantenimiento de los enterramientos fue una medida que adoptó la antigua responsable de Cementerios, Nardy Barrios, en 2007, al considerar injusto cobrar a los ciudadanos una tasa por cuidar los enterramientos, una labor de la que ya se encargan ellos cuando van a poner flores a sus difuntos.
Sin embargo, el cobro del tributo fue suspendido antes de ser anulado, un proceso que aún seguía pendiente a finales del mandato pasado. Todos los partidos, incluido el Popular, estuvieron de acuerdo en anular la tasa. Ha sido la vigencia de dicha tasa la que ha permitido a la empresa ganar la primera sentencia, aunque también hay que recordar que la resolución judicial adquirió el carácter de firme porque el Ayuntamiento no recurrió el primer dictamen, que dio la razón a Canaricem. La próxima sentencia que se espera es la correspondiente al recurso que reclama la recaudación de 2008.
