El delegado del Instituto de Medicina Legal expedientó a un colega por negligencia médica

El informe del doctor Jesús Esparza, delegado en Lanzarote del Instituto de Medicina Legal, que sirvió para abrir un expediente sancionador a  su compañero, el doctor Jorge Suárez, se presentó  unas semanas después de que ambos tuvieran una discusión por la realización de una autopsia a una mujer de 35 años que había fallecido ingresada en Hospiten y que la familia denunció en el Juzgado por una posible negligencia médica como causa de la muerte.

Según el propio Suárez y su abogado, José Luis Sáez, la “caza de brujas”, como califican el expediente abierto por el Gobierno de Canarias a Suárez, en el que se enfrenta a cinco años de suspensión, está relacionada con ese fallecimiento y con las diferencias entre ambos médicos en ese caso concreto.

Los hechos se remontan a marzo de 2012. Una paciente de 35 años ingresó en el centro médico que Hospiten tiene en Lanzarote con una inflamación de garganta y falleció en la habitación del hospital cuatro días después. El marido presentó una denuncia contra el hospital y el personal médico y sanitario, que tramita el Juzgado de instrucción número 2 de Arrecife.

A ese Juzgado es al que está adscrito el doctor Suárez, y por tanto a quien correspondía realizar la autopsia. Según este médico, a primera hora del día, apareció en el Juzgado el doctor Esparza preguntando por el cuerpo que debía llegar desde Hospiten, cuando tanto el juez como el personal del Juzgado aún desconocían el fallecimiento.

Esparza es cuñado del entonces director gerente de Hospiten en Lanzarote, Rafael Martínez, y aseguró en el Juzgado que fue designado expresamente junto con Suárez por sus superiores del Instituto de Medicina Legal, siguiendo los protocolos del año 2010, para realizar conjuntamente la autopsia. Al finalizar el examen, según el relato del doctor Suárez, llegan a conclusiones diferentes sobre la causa del fallecimiento y acaban firmando la defunción como muerte indeterminada, a la espera de que se resuelva en la vía judicial.

En el procedimiento judicial abierto por la muerte de esta paciente, la familia recusa al doctor Esparza para evitar que dé su opinión médica en el caso, debido a sus vínculos familiares y por tener  intereses económicos directos, ya que realiza embalsamamientos para la funeraria con que trabaja Hospiten.

Esparza, en su declaración judicial por la recusación (que aún no se ha resuelto), reconoce su parentesco pero alega que no puede ser motivo de recusación porque su cuñado no es personal médico o sanitario ni tiene representación legal en el centro, y respecto a los intereses económicos, realiza embalsamamientos para varias funerarias pero  no tiene exclusividad con ninguna. Por otra parte, si el doctor Suárez acaba sancionado no podrá tampoco declarar como perito en ese caso para esclarecer el fallecimiento.

El caso es que en mayo, Esparza elabora un informe en el que describe presuntas irregularidades en la elaboración de autopsias cometidas por el doctor Suárez basándose principalmente en un vídeo grabado a un fallecido a finales del año 2011 y que hasta entonces no había utilizado, así que en otras casos del año 2010. Al expediente se suman varios cargos más  y la Consejería de Justicia suspende de funciones a Suárez durante seis meses.

Este medio se puso en contacto con el doctor Esparza, que alegó que no podía hacer declaraciones porque pertenece  a un cuerpo jerárquico y que deben ser sus superiores los que las den. También se ha puesto en contacto en dos ocasiones con la Consejería de Justicia para que dé su versión y no ha recibido respuesta.

El doctor Suárez, por su parte,  asegura que jamás, en nueve años de ejercicio en Arrecife,  ha tenido que compartir autopsia con otro forense, excepto en los casos de posible homicidio o asesinato, que es algo que no prevé la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que en abril de 2012 no se llevaba a cabo esta práctica en el Instituto. Su defensa considera que se trata de una maniobra del Instituto para proteger a Esparza.

Según el abogado de Suárez, José Luis Sáez, el expediente se ha caracterizado desde su inicio por la “absoluta parcialidad de la instructora” ya que no se han admitido ciertas pruebas, no se permitió grabar las comparecencias de los testigos, se han dado como válidas actas sobre las que hay graves sospechas de irregularidades y ha dado credibilidad sólo a una versión, lo que sólo se explica, según señala, por amistad con los denunciantes o por enemistad con el denunciado.