La inminente apertura del crematorio de San Joan ha generado una gran polémica
La próxima apertura del crematorio de Sant Joan en Alicante, genera una espacial polémica. Una de las voces más autorizadas es el exdirector general de Salud Pública y ahora catedrático, muestra serias dudas sobre la rigurosidad de los controles que la Administración hace de las emisiones de los crematorios.
La normativa sobre incineraciones establece que no se pueden incinerar «cadáveres que puedan presentar contaminación por productos radiactivos ni que contengan elementos térmicos». ¿Cómo se controla el reglamento?
Las administraciones sólo dicen que serán estrictos con los controles, eso es un brindis al sol. Lo que nos tienen que decir es: Qué inspecciones se van a hacer, cómo lo van a medir, cada cuánto tiempo, que veamos que tienen un plan. Si no, no podemos estar seguros de que no se va a emitir furano u otros productos químicos, y si es así, póngase usted en lo peor. Los informes son insuficientes, ninguno explica cómo se controlan las emisiones. Por sensatez, si eso no se hace, un alcalde no puede dar una licencia.
¿La evaluación de impacto en la salud, que ha pedido a Sanidad la Plataforma Anticrematorio y por la Dignidad de Sant Joan, determinaría si la actividad futura de la incineradora es o no inocua?
Esta evaluación no se ha hecho como tal en ningún momento. Lo bueno de un estudio de impacto en salud es que recoge todo el conocimiento disponible y adelanta todos los efectos que pueda haber para que quien tenga que tomar las decisiones disponga de una herramienta retrospectiva. Las administraciones, basándose en que el procedimiento bajo mi punto de vista ha sido irregular, tendrían que suspender la actividad hasta que por medio de esta evaluación descarte riesgos contra la salud. El Gobierno autonómico tiene instrumentos legales para paralizar el crematorio por principios de precaución.
¿Existen ejemplos suficientes en los que basar esta evaluación?
En relación a contaminantes es donde más estudios de impacto en salud se han hecho. Lo complicado es, en muchos casos, verificar que una mejora en la población es consecuencia de una actuación preventiva. Pero tenemos casos, como la eliminación del plomo en la gasolina, que demuestran que actuar sobre ello es un beneficio directo sobre la salud. A nivel local hay ejemplos sobrados en los que basar este informe.
¿Dar una licencia por silencio administrativo a un crematorio cuya actividad está catalogada como potencialmente contaminante debería ser legal?
Es una barbaridad para una cuestión que afecta a tanta población. La ciudadanía de Sant Joan, donde hay colegios, viviendas, hospitales, es tanta la gente afectada que si los políticos fueran sensatos hubieran contado con ellos para estudiar alternativas. Las opciones tienen que ver con la distancia. Si el decreto del año 61 establecía una separación de 2.000 metros para la instalación de los crematorios en núcleos urbanos y no se cumple, se debe aplicar la ley. El Defensor del Pueblo dijo que estaba vigente y que ningún Plan General de Ordenación Urbana pasa por encima de la ley. No se atendió, por tanto, a la legislación previa para dar las licencias.
Hay mucha incertidumbre entre los vecinos. ¿Cree que la respuesta ciudadana ha sido la correcta?
En ocasiones como ésta se hacen patentes los desajustes democráticos que sufre nuestra sociedad. Es digna de elogio la reacción de la población porque ha sido articulada utilizando todos los canales y medios legales, basándose, además, en argumentos científicos. Quien mejor lo ha hecho es la sociedad, lo que debería ser una llamada de atención a los políticos. La actitud de la ciudadanía ha sido para que se miren en el espejo los que están tomando las decisiones políticas. Igual que cuando se desarrolla un PGOU, cualquier actividad municipal relevante tendría que contar con la participación ciudadana.
En casos como el de Sant Joan, ¿están los políticos más centrados en intereses empresariales que en el interés general?
La diferencia en el tiempo que dedican los partidos a la sociedad y a los lobby empresariales es muy desigual a nivel estatal, y a nivel local tampoco aprovechan herramientas como son las universidades. En España el sistema de promoción en los partidos políticos desgraciadamente no ha sido por el merito o la excelencia. El sistema debería ser más exigente con aquellos que se equivocan con sus decisiones. Tendría que haber formas de rendición de cuentas.
