¿Qué sabemos del médico del IML qué hace un año fue acusado de llevarse restos humanos de cadáveres?
El pasado 15 de octubre se cumplía un año cuando el propio delegado de la Junta de Andalucía en Cádiz, el máximo representante de la administración autonómica con todas las competencias sanitarias, aseguraba que se le abría expediente informativo a un profesional médico del Instituto de Medicina Legal.
Según declaró Fernando López Gil, ha ese médico se le achacaba una versión actualizada del mito literario del doctor Frankenstein: sacar restos humanos de los fallecidos que recibe el centro para unas supuestas investigaciones médicas particulares.
Eso sí, con distinta finalidad. Al contrario que en el caso de la novela, nada de creación de criaturas humanoides, sólo un posible afán de investigación particular pero sin permiso de familias, instituciones o juzgados. Este centro forense de Cádiz tiene sede, y una morgue, en la Zona Franca, que sirve de depósito de los cadáveres que analizan los especialistas cuando reciben el encargo de aclarar causas o circunstancias de una muerte.
El delegado del Gobierno afirmó el 15 de octubre de 2012, solemne como correspondía a lo escabroso del caso, que la Consejería de Justicia e Interior había abierto proceso a un profesional médico del centro gaditano, presuntamente uno de los responsables del equipo de patólogos, tras una denuncia presentada por sus propios compañeros, es decir, por otros trabajadores del mismo instituto forense. Los hechos que se le achacaban al profesional expedientado entonces consistían en la extracción de restos y muestras de los cadáveres para investigaciones científicas particulares, sin previo aviso ni autorización.
Fernando López Gil pidió entonces «prudencia» respecto al tratamiento informativo del asunto por lo delicado de los sentimientos que podía provocar en decenas de familias. Tanto caso le han hecho los medios que un año después nada se sabe del expediente ni del supuesto médico señalado.
Proceso y declaraciones
Según fuentes de la plantilla del centro afectado de Cádiz, en las semanas posteriores a la publicación de la denuncia por parte de la Junta de Andalucía se produjeron algunos avances en el proceso. Concretamente, cinco forenses y tres auxiliares, en calidad de testigos o denunciantes de los presuntos hechos, prestaron declaración, el pasado diciembre en la sede central de la Junta en la Plaza de España.
Fue la última noticia formal a pesar de que, según López Gil entonces, el acusado podría llegar a enfrentarse a un delito de «profanación de cadáveres», aunque eran precisas muchas aclaraciones para establecer si se alcanzaba este extremo. En el menos grave de los supuestos, podría tener que hacer frente a una acusación por «alteración de los cuerpos bajo custodia judicial».
En ninguno de los dos casos ha trascendido si el expediente ha quedado archivado o sigue su curso.
