Una decisión judicial evita que se tenga que derruir el tanatorio municipal de Camariñas
El tanatorio municipal de Camariñas seguirá en pie. La última batalla de una intensa guerra judicial en los últimos meses la ha ganado el Concello. Pese a que existe una sentencia firme del mes de marzo que obligaba a paralizar las obras, además de restituir a una vecina una franja de terreno de 48,3 metros cuadrados, el hecho es que el tanatorio está terminado (fue inaugurado el 21 de septiembre) y, por tanto, la ejecución del derribo de la parte afectada sería mucho más elevado que el valor del terreno que hay que devolver o pagar.
El titular del juzgado Contencioso Administrativo número 3 de A Coruña ha tenido en cuenta esta diferencia y, en un auto del pasado viernes, admite la solicitud de inejecución planteada por el abogado de la Diputación que defiende al Concello. El juez tiene en cuenta los argumentos de la defensa, de que la demolición parcial del inmueble, en la zona afectada, costaría al menos 98.825 euros, y además «no se garantiza la adecuada estabilización de toda la obra constructiva». Y si la demolición es de la totalidad, se perderían los más de 400.000 euros invertidos. Frente a eso, la valoración del terreno ocupado es de 1.633 euros.
Aunque el juez no se toma al pie de la letra esas cantidades, y señalando que «sea o no creíble la necesidad de demolerlo en su totalidad», sí constata que la diferencia es muy elevada, y además «no consta la necesidad insoslayable que para esa vecina tiene la franja de terreno controvertida», de ahí que admite la petición de inejecutabilidad, condicionada al pago de esos 1.600 euros, cantidad que seguramente llegará a los 2.000 por otros conceptos.
El auto no es firme, y el abogado de la vecina, Sebastián Lorenzo, ya anuncia un recurso, primero ante el mismo juez, y en su caso ante instancias superiores. Cree que no se dan las circunstancias que acreditan una inejecución, que son las imposibilidad material y legal, «y no por su coste». Asegura que, a la vista del fallo, se le da valor a los actos consumados, y que además existen numerosas sentencias que dan la razón a sus argumentos, y que expondrá en el recurso.
El alcalde, Manuel Valeriano Alonso, se mostró satisfecho por la resolución fallo, pero indicó que no le sorprende y que ya lo esperaban por lo que le indicaron los servicios jurídicos. «Por 1.600 euros non se botan abaixo case 500.000», señaló. Lamentó que un tema judicial haya sido transformado, por algunos, en «unha cuestión moi política», especialmente por parte de Sanidade, que aún no ha dado su visto bueno, pese a que se trata «de una cuestión administrativa en la que sólo tiene que cumplir la legislación».
El gobierno local deberá pagar más de 1.600 euros a la dueña del terreno en litigio
