El Ayuntamiento de Ciudadela garantiza el servicio funerario pese a no existir empresa que lo gestione
El pleno del Ayuntamiento de Ciutadella (Menorca, Islas Baleares) aprobó el pasado jueves 5 de diciembre la rescisión del contrato a la empresa que gestiona los servicios funerarios. Lo hizo con los votos favorables de PP y UPCM, y la abstención de PSOE y PSM.
En una sesión extraordinaria, el alcalde José María de Sintas basó la decisión en el dictamen del Consell Consultiu de Balears que avala la rescisión del contrato a la UTE Funerària Bonet y Edifincas Menorca. Este organismo acredita que se han producido «una serie de incumplimientos contractuales derivados de infracciones graves imputables única y exclusivamente a la concesionaria, que han puesto en peligro los intereses generales municipales y que han obligado al Ayuntamiento a tramitar el presente procedimiento de resolución contractual».
Joan Triay, concejal de UPCM, que en su día fue uno de los impulsores de la rescisión al frente de la Associació en Defensa de la Propietat, se felicitó de la decisión señalando que «es una propuesta que defiende los derechos de los ciudadanos de Ciutadella y lanza un mensaje clarísimo a quienes gestionan los servicios públicos de nuestro municipio: no se puede engañar impunemente a los ciutadellencs, y quien se atreva a hacerlo, tendrá que pagar las consecuencias, sea quien sea».
Sin embargo, la portavoz del PSOE, Pilar Carbonero, explicó su abstención en base «a las dudas sobre el futuro del servicio». Así, criticó que el equipo de gobierno aún no haya concretado cómo se gestionarán los servicios funerarios una vez se haya rescindido la concesión a la actual adjudicataria.
Esta decisión fue criticada tanto por el alcalde como por Joan Triay, quienes recordaron a Carbonero que ella era alcaldesa cuando caducó el anterior expediente de rescisión, trámite durante el cual tampoco no se había definido el futuro del servicio funerario si se rescindía el contrato.
Precisamente para debatir las actuaciones a acometer a partir de ahora, después de pleno se reunió el equipo de gobierno con técnicos municipales y también con Joan Triay. Sobre la mesa, tres propuestas: convocar un nuevo concurso para adjudicar el servicio a una empresa privada, crear una sociedad municipal que se encargue de estas tareas u optar por un Ente Público Empresarial Local (EPEL).
Tras el encuentro, la opción que coge más fuerza es la convocatoria de un nuevo concurso público para que sea una empresa externa la encargada del mantenimiento del cementerio y de la prestación de los servicios funerarios. Esta opción pasa por encima de las otras, en principio, porque es más sencilla que las otras dos, que requerirían de una larga tramitación burocrática.
En la reunión, se garantizó que mientras dure el proceso de rescisión del contrato y de liquidación de los bienes y las deudas pendientes, el servicio funerario se prestará con normalidad, ya que el Consistorio tiene la potestad de obligar a la empresa a realizar este servicio por interés general.
