Denuncian a la empresa propietaria del cementerio de Riba-roja por un delito de estafa y alzamiento de bienes

Una familia ha denunciado a la empresa propietaria del cementerio privado de la localidad valenciana de Riba-roja ‘Parque San Jaime’ por un presunto delito de estafa y de alzamiento de bienes, ya que alegan que ha entrado en concurso y no ha informado de esta situación a los dueños de las sepulturas, criptas, panteones u otros servicios ofertados, que son copropietarios del terreno. Así consta en la denuncia -a la que ha tenido acceso Europa Press- que ha dirigido la familia a la Fiscalía Provincial de Valencia, con registro de entrada de este pasado 7 de enero.

En ella, la denunciante solicita que se admita su escrito y, en caso de existir indicios de criminalidad, lo remita al juzgado de instrucción competente para investigar los hechos. La denuncia se dirige contra la mercantil que es propietaria del 99,08 por ciento de la finca destinada al cementerio, y dueña de otro edificio que contiene las instalaciones que dan servicio a este camposanto- zona de morgue y velatorios, tanatorio, horno crematorio, sacristía, sala confesional, sala de autopsias y cámaras frigoríficas-. El cementerio funciona -según se explica en el escrito- sobre la base de cotitularidades dominicales, de manera que con la compra de cualquier servicio de enterramiento se adquiere una cuota de copropiedad sobre la finca matriz, que queda segregada como titularidad independiente.

Es decir, que los propietarios de los nichos, panteones y demás propiedades adquiridas en la condición de elementos privativos «cuentan con el derecho de aprovechamiento de la zona o espacio para aparcamientos de vehículos automóviles y de la determinada zona de reserva», se concreta. La familia denunciante, en concreto, es propietaria de un panteón familiar desde el año 1993, y averiguó «casualmente» y ante la «falta de conservación visible y apreciable» que la empresa se encontraba en concurso, seguido en un juzgado de lo Mercantil de Valencia.

Dentro de este concurso, según ha podido saber la familia, se encuentran incluidos tanto los terrenos del ‘Parque San Jaime’ como las instalaciones del cementerio, el mobiliario, y los nichos, tumbas y columbarios construidos».

En el plan de liquidación de la empresa se indica que ésta posee los terrenos del ‘Parque San Jaime’ respecto de los que existen dos hipotecas-por un importe total de 1.175.000 euros-, y en dos ocasiones se valora el Mobiliario del Parque, «lo que determina que bienes tales como las camillas, hornos crematorios, despachos, material de autopsias, etc, entran dentro de la liquidación del concurso, dejando por consiguiente carentes de cualquier recurso para proceder al enterramiento de cualquiera de los familiares propietarios del cementerio». «más absoluto de los abandonos» Por lo tanto, la familia entiende que tras la liquidación de la empresa, y salvo que exista comprador dispuesto a asumir la deuda, el cementerio «se encuentra abocado al más absoluto de los abandonos, con el riesgo que ello pueda conllevar para la salud pública ante una falta de mantenimiento y conservación del parque, más si tenemos en cuenta que un cementerio abandonado puede ser objeto de actos vandálicos».

La familia denuncia que pese a esta situación de estar incluida la empresa en el Plan de Liquidación del concurso, «se encuentra sin informar —a los familiares— de la situación de concurso y del riesgo de abandono del cementerio privado». Estos hechos —se expone en la denuncia— han sido conocidos a través de la investigación y seguimiento llevado a cabo por una agencia de detectives, que se personó en el cementerio y una empleada le facilitó todos los servicios que se prestaban, «llamando poderosamente la atención que, pese a la situación de concurso, los servicios y venta de distintos medios de enterramiento se ofrecían tanto temporalmente, por un periodo de cinco años, como a perpetuidad, sin informar de la situación financiera del parque», por lo que la denunciante entiende que estos hechos podrían constituir un delito de estafa.

Junto a éste, la familia estima que la actuación de la empresa podría incurrir en un supuesto delito de alzamiento de bienes, ya que la entidad sigue ofertando los servicios cuando el que debería hacerlo, en todo caso, sería el administrador concursal. La denunciante presume que las operaciones del servicio «se están realizando a espaldas del concurso, pudiendo ocasionar un grave perjuicio a la masa del concurso». Precios de servicios En la denuncia se exponen los precios de los servicios que ofrece la empresa propietaria del cementerio. Algunos ejemplos son, en cuanto los nichos sencillos, con una duración de cinco años, el precio medio oscila a 1.154 euros; las sepulturas oscilan en función del espacio de la cavidad, teniendo un precio desde 7.208 euros hasta los 11.162; el importe de los panteones es a partir de 112.037 euros. A estos servicios hay que sumar el coste de mantenimiento, que bien puede ser anual o a perpetuidad: mantenimiento anual de nicho y sepultura, 129,81 euros; de columbiario, 45,06 euros; de panteón, 260,96 euros; o el mantenimiento perpeptuidad de panteones, por 5.654,20 euros. La familia indica que se ha decidido a presentar la denuncia por obligación «moral» ante el «grave perjuicio» que pueden causar estos hechos para aquellas personas que confiaron en su día en un cementerio privado para sus seres queridos, «que vendía lujo y la exclusividad, dentro de un entorno privilegiado».