Tribunal Superior de Justicia no permite actuar como crematorio al tanatorio de Benissa
La polémica sobre el tanatorio y la falta de la licencia para incinerar parece haber quedado zanjada. La empresa no podrá actuar como crematorio en Benissa, (provincia de Alicante). Así lo recoge la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana a raíz del recurso que interpuso ASV Funeser contra el fallo de 2011, favorable a las tesis del ayuntamiento.
La sentencia de la sección primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ estima parcialmente el recurso de apelación, pues anula las resoluciones relativas al expediente administrativo sancionador de 2009 en el que se imponía una multa a la empresa por llevar a cabo la actividad de crematorio sin licencia. En cambio, el fallo «desestima la petición referente al otorgamiento de licencias para crematorio y la solicitud de responsabilidad patrimonial».
De esta forma, la mercantil no afrontará el pago de ninguna sanción, pero tampoco podrá ejercer como crematorio ni recibir una compensación económica del consistorio por los perjuicios causados y que la empresa apelante cifró inicialmente en 191.430,14 euros.
Una de las magistradas del TSJ emitió un voto particular, ya que consideraba que la Sala debería haber desestimado el recurso de apelación y confirmado el fallo de 2011. La sentencia es firme, ya que ha pasado el plazo estipulado para que se presentara recurso de reposición y ninguna de las partes lo ha hecho.
Los hechos se remontan a 2002, cuando la empresa pidió licencia de obra para la construcción de un tanatorio en el camí de la Bellita de Benissa, aunque presentó un proyecto básico para tanatorio-crematorio. Ante las quejas vecinales, el consistorio solicitó a la empresa que renunciara a la actividad de crematorio y que se podría negociar otra ubicación.
Finalmente, en agosto de 2003 obtiene licencia de tanatorio. Tres años más tarde, la mercantil recibe acta de comprobación favorable, teniendo en cuenta que el crematorio se había construido, y resolvía que la actividad podía comenzar.
Sin embargo, en 2008 tras varias denuncias de la Policía Local, se inició un expediente sancionador y se decretó la clausura del crematorio por carecer de permiso. El 16 de enero de 2009, en vista de que estaba en funcionamiento, se ordenó precintar las instalaciones. Las discrepancias entre ambas partes acabaron en los tribunales y le dieron la razón al consistorio.
