“El olor que entra al abrir las ventanas es insostenible”

El debate sobre los problemas que puede acarrear tener un crematorio en un radio de viviendas de unos 500 metros ha vuelto a resurgir avivado por la proximidad de la fecha en el que expira la licencia del horno incinerador de Zumalakarregi, el 4 de febrero.

Los vecinos mantuvieron una reunión en el centro de distrito para recibir más información sobre aspectos legales referidos a la licencia y autorización del mismo. Al encuentro habían sido invitados todos los partidos políticos del Ayuntamiento para exponer su postura al respecto, aunque solo Bildu desgranó sus argumentos en ese foro. Se oyeron algunas quejas, como la de una vecina que señaló que «el mismo día del Pilar, al abrir la ventana entró una especie de neblina impresionante», «el olor al abrir la ventana se hace insoportable» o «aunque su actividad esté amparada por la ley, ¿son las leyes actuales garantistas o están obsoletas?». Esta y otras cuestiones fueron puestas en común por los afectados del crematorio .

El próximo 4 de febrero, la consejera de Medio Ambiente, Ana Oregi, expondrá la postura del Gobierno vasco con respecto a la renovación de la concesión a Funeraria Bilbaina para que continúe con su actividad. Hasta entonces, los vecinos quieren hacer extensivo a todo Bilbao los problemas que soportan por la proximidad del crematorio en un intento de paralizar la licencia. Hasta ahora la asociación Gure Etxea ya ha remitido una carta al Ejecutivo, con fundamentos legales que avalan la petición de estos vecinos para que el crematorio, una vez su expire su licencia, no vuelva a tener actividad.

Los partidos

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Bilbao, Ibon Areso, señaló ayer mismo que «en su día nosotros ya denegamos la licencia de actividad a Funeraria Bilbaina, pero fueron los tribunales los que le dieron la autorización para poner en marcha el horno. Todo tipo de horno requiere un control de la actividad potencialmente contaminante, que es lo que corresponde al Gobierno vasco». Lakua concedió la licencia por tres años por lo que lo está ahora en cuestión es si su renovación puede ser automática, si no se demuestran causas sobrevenidas que modifican aquella primera concesión.

Bildu, por su parte, sostiene que «el Ayuntamiento puso alfombra roja a esta instalación». A su juicio, «la concesión de las licencias de apertura y actividad se hicieron por el silencio administrativo del Ayuntamiento». Para Bildu, «en la autorización se obviaba el hecho de que por estar situado este crematorio en un núcleo urbano, en vez de estar clasificado dentro de la categoría B de actividades potencialmente contaminadora de la atmósfera lo estuviera en la A, es decir, el nivel máximo».

Bildu se pregunta qué hizo el Ayuntamiento ante estas «inexactitudes». Respecto al futuro, Bildu mantiene que «las actividades incluidas en el grupo A deben estar sujetas a unos requisitos de control de emisiones más exigentes y que estas autorizaciones se concederán por un tiempo determinado que en ningún será superior a ocho años». A juicio de Bildu no cabe una renovación «puesto que la autorización es para otra categoría y el Ayuntamiento la tiene que rechazar por el cambio del Plan de Ordenación Urbana».

Por su parte, la portavoz del PP., Cristina Ruiz, precisa que «nuestra valoración sobre la actuación de las distintas partes implicadas es de comprensión hacia las posturas y preocupaciones de los vecinos. Entendemos que la ubicación de un crematorio en medio de la ciudad no es la mejor opción pero, en todo caso, hay poco margen de maniobra si no se ha modificado la legislación en su momento oportuno. Es responsabilidad de los gobiernos municipales y autonómicos tomar esas decisiones». Respecto al futuro, señala que «hay que estar a lo que dice la legislación, que no es otra cosa que la calificación como acto reglado y, por ello, la obligación de concederse (en este caso renovar) si cumple con la legalidad. Y, denegarse si se incumple. En la medida en que se ha judicializado el asunto, la decisión excede del ámbito municipal» .

El portavoz del PSE, Alfonso Gil, recordó que «nos quejamos en su día pero el Ayuntamiento llegó tarde. Desde el Gobierno lo que se hizo fue pedir unos controles que en principio no han dado nada ilegal. Por eso, nuestra postura es seguir con el cumplimiento de la legalidad si continúa la actividad».