Los grupos políticos siguen con sus disputas por los crematorios y presentan sus propias iniciativas

El PP y el PSOE, que desde hace meses protagonizan en Pontevedra el debate político sobre la regulación de los crematorios, pretenden reproducir esta disputa en el Parlamento gallego y ambos grupos han presentado sus propias iniciativas al respecto, aunque con posturas mucho más suavizadas que en la ciudad, especialmente por parte del PP.

Mientras los populares pretenden que la Xunta aclare quien tiene las competencias (el Gobierno gallego o el local) para decidir la ubicación de un crematorio, los socialistas emplazan al ejecutivo autonómico a actualizar el decreto de policía sanitaria mortuoria, de 1998. Pero ninguno de los dos se «moja» a la hora de determinar que un horno de este tipo debe estar a un mínimo de 50 metros de las casas, como plantea el PSOE en la normativa que tramita ahora el Concello, o al menos a 500 metros como exige el PP local y la plataforma Non Crematorios Pontevedra Leste.

Precisamente una reunión entre este colectivo y el parlamentario gallego del PP Román Rodríguez, abrió esta vía en la Cámara gallega. Rodríguez se comprometió con los vecinos a llevar el debate a esa instancia, pero su texto es bastante más sosegado que el discurso del PP local. De hecho, se llega a admitir que la normativa municipal se ajusta a la legislación urbanística vigente, ya que «posibilita la ubicación de crematorios en cementerios, suelos industriales o rústicos, previo plan especial», precisamente las opciones que permite la modificación del Plan Xeral que lleva a cabo el Concello. Esta modificación prohibe todos los crematorios previstos salvo el de Funespaña detrás del cementerio de San Mauro, contra el que se moviliza la plataforma de A Parda.

Aunque el PP parlamentario hace referencia en su pregunta al «rechazo vecinal», la «negativa del Concello a gestionar una alternativa a su ubicación» y a la «discriminación» de los vecinos de A Parda, en las preguntas finales no se hace referencia alguna a esos extremos y se pide únicamente información sobre el organismo competente a la hora de «planificar urbanísticamente la localización de un crematorio», los trámites administrativos que debe seguir la concesión de esta actividad y si la Xunta puede imponer a un concello la ubicación de los crematorios dentro del Plan Xeral. No hace referencia a distancia alguna de separación de las casas.

Decreto autonómico

Por su parte, el PSOE, a través de Patricia Vilán y otros parlamentarios, emplaza a la Xunta a elaborar un nuevo decreto sobre policía sanitaria mortuoria que actualice la de 1998, de forma que, entre otras cosas, determine una distancia mínima entre los crematorios y las viviendas. La iniciativa socialista parece una reacción a las preguntas de los populares (de hecho, se mencionan en el texto del PSOE) y trata de situar a la Xunta como única competente en la regulación de esta actividad, y cuyas normas al respecto deben ser cumplidas por los concellos.