La Fiscalía investiga si el cementerio privado Parque San Jaime vendía nichos pese a estar en concurso
La Fiscalía ha abierto diligencias de investigación penal para aclarar si el cementerio privado Parque San Jaime en Ribaroja (Valencia) se supone que ha seguido con su actividad comercial -venta de nichos, parcelas y columbarios- sin informar a los futuros clientes de la situación en concurso en la que se encuentra la mercantil y si esta circunstancia puede implicar la comisión de algún delito.
El fiscal asignado a la investigación dispone de seis meses para solicitar diligencias, archivar el caso o, por el contrario, enviar el asunto al juzgado si observa indicios de un ilícito penal.
Las pesquisas parten de la denuncia de una familia, propietaria de un panteón en las citadas instalaciones, ubicadas en la localidad de Ribarroja. Los afectados, preocupados ante la falta de mantenimiento del camposanto, averiguaron que la mercantil que lo gestiona -Grupo de Empresas Torsisa- se encuentra en concurso. El plan de liquidación incluye los terrenos del cementerio, así como las instalaciones, mobiliario, nichos y tumbas, según consta en la denuncia de la letrada Ana Mejías.
El futuro del camposanto se antoja, a día de hoy, incierto. Los impagos de la mercantil son importantes. Adeuda 650.000 euros a Bankia y otros 525.000 a Caja Campo. Y los terrenos no resultan, en principio, un activo financiero atractivo para algún inversor.
La familia teme que tras la liquidación de la firma, si no se encuentra un comprador, las instalaciones queden «abocadas al más absoluto de los abandonos», según el escrito. Los denunciantes aportan el informe de un detective, contratado para que comprobara si se siguen ofreciendo servicios a los hipotéticos clientes.
El profesional acudió el pasado mes de diciembre a las instalaciones. Una empleada le informó acerca de las condiciones para adquirir cualquiera de los productos funerarios. Un nicho a perpetuidad cuesta 5.000 euros; sepulturas desde 7.200 euros, mientras los panteones se disparan por encima de los 110.000 euros.
La denuncia llama la atención acerca de que se ofrecen productos por un periodo de cinco años, pero también a perpetuidad. En ningún caso -insiste el escrito- se informa de la situación financiera del parque.
La familia considera que puede tratarse, de entrada, en un delito de estafa. No obstante, añade la posibilidad de que incluso puede constituir un delito de alzamiento de bienes ya que los terrenos que se venden a los particulares se encuentran dentro del plan de liquidación del concurso y se desconoce, además, si se les comunican estas operaciones a los administradores concursales, siempre según recoge la documentación de la denuncia.
