Denuncian al Gobierno de Canarias por no suspender a un psicólogo forense no colegiado
La Plataforma en Defensa de las Buenas Prácticas en Psicología Forense anunció el pasado martes mediante un comunicado de prensa que ejercerán acciones contra la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad del Gobierno de Canarias por no haber suspendido de sus funciones a un psicólogo forense del Instituto de Medicina Legal de Tenerife que se había dado de baja en el Ilustre Colegio de Psicología de Santa Cruz de Tenerife para, sostienen, tratar de eludir la sanción impuesta por dicho colegio por realizar prácticas ilegales.
La Plataforma en Defensa de las Buenas Prácticas en Psicología Forense considera que el consejero Francisco Hernández Spínola y el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Alejandro Parres García, podrían haber actuado en contra de la ley, al haber permitido que el psicólogo sancionado continuara ejerciendo en los tribunales de justicia canarios, pese a que el Tribunal Constitucional ha sentenciado la obligación de colegiación para el ejercicio como psicólogo, aunque trabaje para una administración pública.
Se da la circunstancia de que se trata del mismo psicólogo forense que está imputado en la actualidad por un juzgado de Gerona por falsedad de documento público, uso de información privilegiada de funcionario público y prevaricación. El gerundense investiga si este forense pudo utilizar a acusados y víctimas de violencia de género, sobre los que hizo informes en causas judiciales en Tenerife, como cobayas en sus investigaciones particulares sin su consentimiento y en contra de la ley y el código deontológico.
La investigación se abre en Gerona porque los resultados de estas experimentaciones fueron presentados y publicados en esta provincia catalana.
