La Fiscalía de Valencia ve posible estafa en la gestión del cementerio privado de Riba-roja

La Fiscalía de Valencia ve indicios de delito de estafa en la gestión del cementerio privado de la localidad valenciana de Riba-roja ‘Parque San Jaime’ por ocultar a los dueños de sepulturas, criptas, panteones u otros servicios ofertados, que son copropietarios del terreno, su concurso voluntario de acreedores. «Los hechos pudieran, de forma indiciaria, tener trascendencia penal por poder constituir delito de estafa», según indica el representante del ministerio público en un escrito remitido a la fiscal jefa de Valencia, en el que le solicita también que remita las actuaciones al juzgado correspondiente para que inicie una investigación.

La causa se inició a raíz de la denuncia interpuesta el pasado mes de enero por una familia por presunta estafa contra la mercantil Grupo de Empresas Torsisa S.L., propietaria del 99,08 por ciento de la finca destinada al cementerio, y dueña de otro edificio que contiene las instalaciones que dan servicio a este camposanto —zona de morgue y velatorios, tanatorio, horno crematorio, sacristía, sala confesional, sala de autopsias y cámaras frigoríficas—.

El cementerio funciona sobre la base de cotitularidades dominicales, de manera que con la compra de cualquier servicio de enterramiento se adquiere una cuota de copropiedad sobre la finca matriz, que queda segregada como titularidad independiente. Es decir, que los propietarios de los nichos, panteones y demás propiedades adquiridas en la condición de elementos privativos cuentan con el derecho de aprovechamiento de la zona o espacio.

Pese a ser cotitulares del terreno, a los propietarios de nichos o panteones —según se denunció— no se les ha informado desde la empresa del concurso de acreedores en el que se hallaba inmersa y, además, seguía ofreciendo sus servicios a nuevos clientes. Así, se encuentran en situación de indefensión y con el riesgo de que una vez liquidada la empresa, el cementerio puede quedar abandonado si ningún comprador asume la deuda. El fiscal, tras estudiar esta denuncia, considera que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de estafa, ya que no se ha informado a los posibles adquirientes de nichos y criptas de la situación concursal de la mercantil ni de los riesgos de abandono del cementerio privado.

En base a ello, ha interesado que se remitan las diligencias al juzgado correspondiente y que se tome declaración a la denunciante para que ratifique los hechos, así como al representante legal de la mercantil denunciada «a fin de clarificar los hechos objeto de denuncia y posibles responsables». Aprobada la liquidación Paralelamente a este proceso por vía penal, el juzgado de lo Mercantil número 1 de Valencia ha aprobado el plan de liquidación de la empresa propietaria del cementerio, que entró hace unos meses en concurso de acreedores, según consta en un auto.

Tal y como consta en la nueva resolución, el juez de lo Mercantil ha aprobado el plan de liquidación de los bienes y derechos de la concursada en base al informe del administrador concursal y «con respeto» a los derechos de terceros, en especial de los adquirientes de nichos y panteones. El problema es que estos propietarios no han sido informados de que la empresa ha entrado en concurso. El juez ha aprobado este plan al entender que las indicaciones del administrador resultan «ajustadas a derecho», «sin que exista elemento alguno de criterio que permita desvirtuar la bondad de la indicación del administrador concursal, intentándose en primer término la venta directa, y subsidiariamente pudiendo operarse la subasta, bien sea judicial, bien sea extrajudicial».

En todo caso, se hará —agrega el juez— «con las debidas garantías de publicidad y libre concurrencia, y bien entendido que, evidentemente, no nos encontraríamos en el escenario de ejecución hipotecaria singular, sino antes bien ante la liquidación concursal, concurriendo, caso de subasta, también el acreedor junto con los demás potenciales interesados soportando idénticas cargas». En el plan de liquidación de la empresa se indicaba que ésta posee los terrenos del ‘Parque San Jaime’ respecto de los que existen dos hipotecas —por un importe total de 1.175.000 euros—, y en dos ocasiones se valora el Mobiliario del Parque, lo que determina que bienes tales como las camillas, hornos crematorios, despachos, material de autopsias, etc, entran dentro de la liquidación del concurso, dejando por consiguiente carentes de cualquier recurso para proceder al enterramiento de cualquiera de los familiares propietarios del cementerio.

Por lo tanto, la familia entiende que tras la liquidación de la empresa, y salvo que exista comprador dispuesto a asumir la deuda, el cementerio «se encuentra abocado al más absoluto de los abandonos, con el riesgo que ello pueda conllevar para la salud pública ante una falta de mantenimiento y conservación del parque, más si tenemos en cuenta que un cementerio abandonado puede ser objeto de actos vandálicos», según se indicaba en su denuncia.