El informe sobre el crematorio de San Joan detalla que se superan los límites legales de emisiones

El informe sobre el funcionamiento real del crematorio de Sant Joan (Alicante) encargado por el Ayuntamiento en octubre descarta que la actividad de su horno supere los límites legales por lo que respecta a las emisiones de dioxinas y furanos: los dos componentes que sí se habían detectado con valores 25 veces superiores a los autorizados en el estudio previo elaborado por la misma empresa a partir de una proyección del funcionamiento de otro horno crematorio similar de la misma empresa (el grupo funerario ASV) ubicado en Elche.

Sin embargo, este nuevo estudio -igualmente elaborado por la consultora acreditada SGS- sí confirma que la instalación de Sant Joan supera los umbrales máximos permitidos para otros dos de los parámetros analizados: las partículas y los cloruros (HCI). Según el informe -basado en mediciones tomadas el 10, 24, 25, 26 y 27 de febrero y fechado el 10 de abril-, el nivel del exceso no es desorbitado, ya que el límite se rebasa en 8,7 mg/Nm3 en el caso de las partículas y en 6,4 en el de los cloruros. No obstante, en el estudio no se entra a analizar si esos niveles suponen o no un riesgo para la salud pública, como sí se advertía en el informe previo emitido por la Conselleria de Sanidad a partir de la proyección de las mediciones del horno de Elche.

En ese escenario, fuentes municipales apuntaron que ya se ha convocado una comisión informativa para que los responsables del estudio expliquen su contenido. Además, se ha remitido copia del estudio a Sanidad para que emita su propio dictamen, interprete los datos y evalúe si la actividad es compatible con la salud, si requiere correcciones para rebajar esos niveles o si debe ser clausurada, como reivindica la Plataforma vecinal.

El informe conocido este miércoles es el tercero sobre el funcionamiento de las instalaciones desde que una última sentencia judicial acabó forzando al Ayuntamiento a concederle licencia de actividad, hace cerca de un año. El primero, elaborado por el propio grupo funerario, avalaba la corrección de todos los parámetros. El segundo, encargado por Sanidad, apreciaba un «riesgo aceptable» sobre la salud pública en base a proyecciones sobre la actividad de otro horno.

Y el tercero surgió a partir de esa conclusión: el ayuntamiento decidió encargar otro estudio más sobre el funcionamiento real del crematorio para disipar dudas. Como publicó ELMUNDO, ASV llegó a obstaculizar ese informe al oponerse a la toma de mediciones. La empresa rechazó que se tomasen medidas de dos parámetros (las dioxinas y los furanos) que no estarían contemplados en la autorización concedida por Medio Ambiente. El ayuntamiento logró entonces una orden judicial para desarrollar el control.