El Juzgado número 2 ordena la suspensión de la sanción de empleo y sueldo que cumplía el forense Jorge Suárez
El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Las Palmas de Gran Canaria ha ordenado que se suspenda la sanción de cuatro años y medio de empleo y sueldo al forense Jorge Suárez, que cumplía desde el verano pasado. Suárez, de 59 años, se incorporó a su puesto de trabajo en el Instituto Anatómico Forense, en los Juzgados de Arrecife, el lunes pasado.
La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia lo castigó en julio por una falta grave y otra muy grave y optó por hacer efectiva la sanción a pesar de que Suárez recurrió la decisión en los tribunales. Ahora la Justicia suspende la misma hasta que se resuelva el pleito porque le puede causar graves perjuicios, según la juez, en caso de que finalmente se anule.
El auto de suspensión es de 27 de diciembre, aunque se comunicó a las partes casi cuatro meses después, el 9 de abril. Suárez solicitó al Gobierno de Canarias su incorporación inmediata, que la admitió el día 14. El forense ha estado trabajando en una empresa privada desde su destitución.
El expediente al doctor Suárez se inició por la denuncia de un compañero, Jesús Esparza, basada inicialmente en la grabación de un cadáver al que Suárez le había hecho la autopsia. La defensa del doctor Suárez considera que esa grabación es ilegal y viola la intimidad del fallecido, de nacionalidad británica.
Esa denuncia es el germen de lo que se convierte en un expediente que cuestiona toda la labor profesional del doctor Suárez, que trabaja en los Juzgados de Arrecife desde hace nueve años, y que deriva también en una causa penal por presunta falsedad documental. El Gobierno culminó el expediente sin hacer caso al juez instructor de esa causa, que solicitó que se suspendiera dicho expediente hasta que se resolviera el asunto en el Juzgado.
El Gobierno desestimó todas las alegaciones de Suárez, que consideraba que se trata de diferencias de criterio médico y en ningún caso de faltas o delitos, y que califica el asunto como una caza de brujas cuyo origen estaría en una autopsia realizada de forma conjunta por los dos forenses, el denunciante y el denunciado.
Esa autopsia se hizo al cuerpo de una mujer de 35 años que había fallecido en la clínica privada Hospiten. La familia denunció el caso por posible negligencia médica y la autopsia la debía realizar el doctor Suárez, pero Esparza insistió en hacer también el examen aludiendo a que había recibido órdenes del Instituto de Medicina Legal. Los médicos no se pusieron de acuerdo en la causa de la muerte.
Se da la circunstancia de que Esparza era cuñado del gerente de Hospiten y que la familia de la fallecida recusó a este médico para que no declarara en el juicio que se sigue por negligencia. Tras esos hechos, Esparza denuncia a Suárez al considerar que no había reflejado la verdadera causa de la muerte de una persona fallecida seis meses antes y cuya grabación se había guardado todo ese tiempo. Como consecuencia de la suspensión de Suárez se consiguió que éste no pueda declarar en el juicio contra Hospiten.
La falta muy grave por la que se suspende al doctor Suárez consiste en haber llevado a cabo cuatro embalsamamientos para funerarias durante su horario de trabajo. Suárez siempre ha negado los hechos y asegura que las actas de embalsamamiento, que es la prueba en la que se basa la suspensión, reflejan la hora en la que firma el director de salud, pero no la hora en que se hace la autopsia. La otra falta era por haber decidido no abrir un cadáver para determinar la causa del fallecimiento.
El Gobierno alegaba que hay instrucciones de que en casos similares se debe abrir el cuerpo, pero no presentó ninguna prueba documental que sustente esa instrucción.
La instructora del expediente abierto por la Consejería de Presidencia y Justicia del Gobierno de Canarias al médico forense se negó a suspender dicho expediente, tal y como le ha solicitado el Juzgado, para que pase a tramitarse por la vía penal, como planteaba el propio afectado. Por otra parte, el sector judicial de la isla de Lanzarote presentó el año pasado al Gobierno un escrito con 186 firmas de apoyo a la labor del doctor Suárez.
