La cúpula de la Escuela de Medicina Legal y Forense de la Complutense imputados por falsedad documental

La Escuela de Medicina Legal y Forense de la Universidad Complutense podría estar involucrada en un escándalo sin precedentes. Cuatro de sus máximos responsables han sido imputados como presuntos autores de un delito de falsedad documental y por ello deberán acudir a declarar al juzgado de Instrucción número 4 de Madrid el próximo 5 de junio.

Los imputados son el director de la Escuela y miembro de la Real Academia Nacional de Medicina, el antropólogo forense Bernardo Perea; su colega y director del Museo de la Escuela, José Antonio Sánchez; la secretaria, Teresa Rey, y la doctoranda María Benito Sánchez.

La denuncia fue interpuesta por la prestigiosa doctora en Medicina Legal y Forense María del Mar Robledo Acinas. Detectó que en un informe en el que ella no había participado se había incluido su firma. Alarmada, comprobó otros documentos similares y se percató de que ocurría lo mismo. Por razones que se están investigando (quizá por utilizar el prestigio de la denunciante), presuntamente habrían falsificado su rúbrica.

Según la versión de Robledo Acinas, los especialistas que sí participaron en ese estudio son los imputados José Antonio Sánchez y María Benito. Pero también figuran en la denuncia Perea, como director de la Escuela, y Teresa Rey, la secretaria, puesto que son las otras dos personas por cuyas manos pudo pasar ese informe.

La UCM niega el fraude
La doctora acudió acompañada de su marido y colega, el también criminólogo Ioannis Koutsourais, a comisaría, para denunciar. Pero, habida cuenta de la relevancia de los hechos, les aconsejaron que acudieran mejor al juzgado de Guardia, y eso es lo que hicieron.

El diario ABC se ha puesto en contacto con la Universidad Complutense, para conocer su versión de los hechos y al parecer «Se trata de una denuncia espúrea y de un asunto no judicial», argumentan.

Este es, por ahora, la única denuncia que ha conllevado unas imputaciones. Pero hay, además, otras dos, en otro juzgado. Se está a la espera de que el juez decida si imputa o no a los denunciados. Y esos dos casos son, si se cabe, aún más graves, puesto que sí corresponden a asuntos judicializados «tremendamente importantes, sensibles y abiertos», explicaron las fuentes consultadas por este periódico.

Asimismo, a finales de este mes, está fechado un acto de conciliación al que Robledo Acinas ha invitado al rector de la Complutense, José Carrillo, y a sus vicerrectores. «Desde el primer momento —afirma la doctora— son conscientes de todo esto».
La denunciante ya se sometió, antes de la diligencia de imputación, a un examen caligráfico en el juzgado. A la luz del resultado del peritaje, elaborado por la Policía Científica, es cuando el magistrado Marcelino Sexmero Iglesias ha decidido llamar a declarar a la cúpula de la Escuela de Medicina Legal y Forense.

La repercusión que puede tener el asunto, si se prueba que las firmas fueron falsificadas, es máxima. Podría darle la vuelta a casos muy importantes, al quedar invalidados sus informes. El proceso judicial sigue adelante.