En el municipio de Anhui en China, la obligatoriedad de incinerar a los cadáveres no ha sentado nada bien

La lucha de China por implantar la cremación, en un país donde durante siglos se enterró a los muertos pero donde éstos ocupan un espacio preocupante, ha adquirido tintes dramáticos en una zona donde seis personas se suicidaron para evitar ser incineradas, y donde la policía ha llegado a decomisar ataúdes. Los sucesos ocurrieron en aldeas del municipio de Anqing, en la provincia oriental china de Anhui, donde se había anunciado que a partir del 1 de junio estaría prohibido enterrar a los fallecidos y sería obligatoria la incineración, orden que se ha dado en muchas otras zonas del país pero no siempre fue bien recibida.

En este caso, la nueva normativa se encontró con una fuerte oposición de muchos habitantes, especialmente ancianos que, en algunas ocasiones, siguiendo antiguas tradiciones locales, llevan más de una década construyendo su propio ataúd y guardándolo en su casa. Las protestas fueron respondidas por la policía local con registros casa por casa en busca de ataúdes, que en varios casos fueron decomisados o destruidos, y a raíz de las drásticas medidas se produjeron varios suicidios de ancianos locales que decidieron adelantar su funeral para que fuera antes del 1 de junio.

Las nuevas ordenanzas siguen en pie pese a las propuestas conciliatorias de algunos vecinos, que piden que la nueva orden se aplique sólo a las generaciones venideras. «Deberíamos flexibilizar esta política, o dar a los ancianos tiempo para digerirla», declaró al diario «South China Morning Post» uno de los hijos de uno de los fallecidos en medio de estas tensiones. Los habitantes de la zona opinan que la fuerte oposición sólo se da entre los lugareños más ancianos, aferrados a tradiciones según las cuales el fallecido debe descansar en un ataúd (además, en la comarca la caja mortuaria a veces se deja tres años en lo alto de colinas, al aire libre, antes de ser finalmente enterrada).

El conflicto en la zona muestra las dificultades que en China, especialmente en áreas rurales, encuentran los planes del régimen comunista de abolir a nivel nacional los entierros e implantar la incineración obligatoria, debido a los problemas de espacio que presentan muchos cementerios del superpoblado país. Aunque el caso es especialmente dramático, no es el primero que muestra tensiones entre vecinos y gobierno a la hora de modificar prácticas ancestrales, especialmente en un tema tan delicado y tabú para los chinos como es la muerte.

En otoño de 2012, un proyecto de las autoridades en una ciudad de la provincia central china de Henan para trasladar dos millones de tumbas en un cementerio y reconvertirlo en campos de cultivo y carreteras se encontró con una fuerte oposición popular, e incluso hubo familias que devolvían los ataúdes a su lugar original clandestinamente. La incineración es obligatoria en las ciudades chinas para intentar ahorrar espacio (las urnas con cenizas suelen ser enterradas, aunque el espacio dedicado a ello es menor que el de una inhumación ordinaria).

Los problemas de espacio en los cementerios chinos, especialmente en las ciudades más pobladas del país, son tales que existe una auténtica «burbuja inmobiliaria» alrededor de las parcelas para tumbas, con precios desorbitantes y especuladores en este tipo de negocio. Como media, sólo un 50 por ciento de los fallecidos en China son incinerados, y el resto, especialmente habitantes del campo, son enterrados, con mucha frecuencia no en cementerios sino en medio de cultivos, bosques o zonas donde sus familiares creen que pueden disfrutar de una mejor vida de ultratumba.