PSOE de Ceuta denuncia ante la Fiscalía la adjudicación verbal del mantenimiento del cementerio cristiano

El secretario general del PSOE de Ceuta, José Antonio Carracao, ha denunciado este martes ante la Fiscalía por segunda vez en una semana al Gobierno de la Ciudad que preside Juan Vivas (PP), en este caso por haber encomendado verbalmente a una empresa local, ACC, «sin contrato ni concurso público» y durante 21 meses a razón de 10.000 euros cada uno el «mantenimiento» del cementerio cristiano.

En su escrito, el socialista refiere que dichas facturas fueron pagadas «a través de un reconocimiento extrajudicial de deuda dentro del Plan de Pago a Proveedores Estatal» al que se acogió el Ejecutivo local en 2012 por un montante de más de 80 millones de euros.

El PSOE entiende que el proceder del Gobierno ceutí podría ser constitutivo de un ilícito penal «por haberse procedido desde noviembre de 2009 hasta julio de 2011 a encomendar trabajos de mantenimiento del cementerio de Santa Catalina a sabiendas de que no se respetaba el procedimiento de contratación legalmente previsto».

Carracao ha exigido este martes en rueda de prensa la dimisión «inmediata» del miembro del Ejecutivo local competente en materia de cementerios, Adela Nieto, y del presidente de la Ciudad, Juan Vivas, cuya comparecencia «extraordinaria y urgente» ante el Pleno ha reclamado oficialmente con el apoyo de los otros seis diputados de la oposición en la Cámara autonómica.

El Ejecutivo local ha argumentado en declaraciones a Europa Press que su actuación se produjo tras las lluvias torrenciales de 2009 y a instancias de una moción de urgencia del Grupo Parlamentario Socialista. Además, ha asegurado que hay un informe técnico que avala que los trabajos se realizaron y que se pagó un precio «acorde con el mercado» a la empresa privada.

Los socialistas ceutíes ya recurrieron a la Fiscalía la semana pasada, tras las dimisiones del exviceconsejero de Festejos Salvador Jaramillo y el exconsejero de Turismo Premi Mirchandani para denunciar la compra «también sin ningún contrato ni procedimiento legal» de 9 carrozas en 2012 a una empresa valenciana por 90.000 euros que no se abonaron hasta el pasado mes de febrero a través de un reconocimiento extrajudicial de deuda.

El Ministerio Público ya ha decidido remitir las diligencias de Investigación Penal abiertas al Juzgado Decano de Ceuta para que éste incoe procedimiento penal y, «si se produjese reconocimiento de los hechos», proceda a su transformación en Diligencias Urgentes de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Criminal.