Posible delito penal en el caso de los cadáveres de la Universidad Complutense de Madrid

Las pesquisas judiciales siguen adelante en el caso del hacinamiento de cadáveres denunciado por el diario El Mundo, en la Universidad Complutense de Madrid. El pasado sábado, el Juzgado de Instrucción número 36 de los de Plaza de Castilla de Madrid se inhibió en favor del número 49, que se encarga de los hechos y ya ha abierto diligencias, y dio por sentado en un auto al que ha tenido acceso el periódico el Mundo que, textualmente, «los hechos hacen presumir la posible existencia de una infracción penal, por lo que procede incoar diligencias previas».

La resolución no entra a valorar la situación de los cerca de 250 cadáveres que llenaban el departamento de Anatomía Humana y Embriología II, en la que el ya destituido Ramón Mérida mantenía, en condiciones de gran insalubridad, una suerte de inconcebible fosa común. Mérida fue invitado al cese por el rector de la universidad, José Carrillo, en cuanto este visitó los sótanos del departamento.

En el Juzgado número 36 se tramitaba la querella presentada por el sindicato de funcionarios Manos Limpias contra el centro universitario, por unos presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores, contra la salud pública, contra el medio ambiente y contra el sentimiento religioso, además de prevaricación y falsedad en documento público.

Ahora, el magistrado del 36 envía los hechos al del 49, que ya investigaba los hechos, mientras hay otras dos pesquisas judiciales en marcha. Por un lado, la Fiscalía de Madrid estudia en qué tipos penales podrían caber los hechos, y un juzgado de Arganda del Rey ha permitido también a la Guardia Civil bloquear varias cajas con restos que permanecen en una planta de eliminación de residuos de la localidad.

Allí fueron enviadas después de que Mérida se saltara el precinto de la Inspección de Trabajo, como denunció este diario, y una furgoneta de FCC se llevó unas 26 cajas con restos humanos hasta el lugar.

En realidad, según la Guardia Civil, las cajas fueron etiquetadas como material de residuo, cuando se trataba de restos humanos, lo que obliga a otro protocolo. De ahí el posible delito de falsedad documental impulsado por el Instituto Armado.

Por otro lado, la propia universidad ha abierto una investigación sobre los hechos y ha intentado personarse contra la dirección del departamento, hecho que pretende evitar Manos Limpias, por la posible responsabilidad en que hubiera incurrido la dirección del propio centro, al permitir presuntamente que estos restos se acumularan en el lugar sin haber tomado las medidas pertinentes.

Este proceso judicial se inició a raíz del artículo publicado por el diario El Mundo el pasado 19 de mayo. En él se evidenciaba la mala gestión llevada a cabo por Ramón Mérida, responsable del departamento donde estaban depositados los cuerpos.

Ya en su día Mérida reconoció que algunos de los cadáveres llevaban allí «hasta cinco años» y justificó la situación aludiendo a que el encargado de llevar a cabo la cremación de los cuerpos se había jubilado en diciembre. Asimismo, explicó que era difícil sustituirle porque el sindicato de los trabajadores aseguraban que el horno estaba «en malas condiciones».