Cuatro funerarias acusan de fraude a sacerdotes por exigir el pago en metálico y sin rastro fiscal en entierros y funerales

Cuatro de las empresas funerarias de mayor peso de la provincia de Pontevedra acaban de reclamar la intervención del arzobispo Julián Barrio para poner fin al fraude que aseguran cometen «de manera reiterada y desde hace mucho tiempo» numerosos sacerdotes de la comunidad al exigir el pago en metálico y sin rastro fiscal por sus oficios en entierros y funerales.

Las funerarias -que solicitan su anonimato público «por miedo a las represalias de los curas implicados»- enviaron el lunes una carta al arzobispo en su condición de máximo responsable de la provincia eclesiástica de Santiago en la que le comunican que a partir de ese mismo día «las empresas funerarias implantaremos los medios bancarios como forma de pago de los funerales que nos correspondan».

Las empresas consideran que ha llegado el momento de que la Iglesia Católica regularice y oficialice en Galicia los cobros que reciben los sacerdotes por los oficios de entierros y funerales, y que estos se atengan además a las tarifas que las cuatro diócesis gallegas y la archidiócesis de Santiago aprobaron en marzo de este año.

«Llevamos años tratando de combatirlo parroquia por parroquia, de que haya un rastro claro de nuestros pagos por los oficios porque tenemos y queremos justificarlos ante nuestras empresas, accionista y ante Hacienda, pero con muchos curas es imposible, se oponen a que quede rastro e incluso si pedimos factura no dudan en echarnos encima a las familias en momentos tan delicados diciéndoles que les paguen a ellos en metálico y que luego hagan cuentas con la funeraria o la compañía de seguros», indica uno de los empresarios firmantes de la carta dirigida a monseñor Barrio.

Más de 10 millones al año

Las cuatro funerarias que presentan su denuncia ante el arzobispo estiman que solo ellas pagan al año por oficios en entierros más de un millón de euros a los curas, concepto que en el conjunto de la comunidad ascendería según sus estimaciones a 6,8 millones fruto de multiplicar los 31.000 fallecimientos que se registran por ejercicio por 220 que es el precio medio por intervención en entierro, acompañamiento a la conducción del cadáver, asistencia a la misa con más de un sacerdote, sacristán y uso de iglesia. Sin embargo, advierten que la cifra real de facturación supera con toda seguridad los diez millones de euros al año, pues la media oficial se ve incrementada con diversos conceptos añadidos que agrandan sensiblemente el precio final.

Fraude generalizado

«El 15 % de los sacerdotes no da ningún justificante de sus servicios; un 20 % se niega a cobrar por el banco o con cheque y la inmensa mayoría no respeta las tarifas fijadas por la provincia eclesiástica de Santiago», indica uno de los denunciantes, que advierte que una vez abierto el frente con la carta al arzobispo tratarán de que se sumen las demás funerarias de Galicia.

Los remitentes de la protesta aseguran que los curas que se niegan a hacer transparente su relación con las compañías de decesos han respondido, especialmente en el caso de pequeñas parroquias del ámbito rural, con acciones de presión y represalias.

«No cogen el teléfono a las compañías que le hayan pedido facturas; tratan de convencer a las familias de que se cambien de funeraria; ponen mil problemas para fijar horas de entierros y funerales a las empresas que le requieren más transparencia y elevan los precios todo lo que les da la gana», añaden los empresas.

Campaneros a 100 euros

«Solo aceptaremos los importes que se correspondan con la aplicación de las tarifas de precios publicadas por ustedes en la denominada tabla de ofrendas y tasas», advierten además al arzobispo también las funerarias. Dicho aviso se produce porque las empresas afectadas mantienen que numerosos curas se atienen más o menos a las tarifas, «aunque siempre las superan, pero luego añaden conceptos que no están en la lista aprobada, como toque de campaña o porteo de cruz. Estamos pagando campaneros a precio de microcirujanos», relatan haciendo referencia a entierros que sobrepasan los 400 euros en pagos a curas, considerando que se ha convertido en normal abonar hasta 100 euros por toque de campana durante los funerales.

Las funerarias exigen al arzobispo que incluya todos los aspectos posibles de la celebración en una tarifa clara, y que centralice en una cuenta a su nombre todos los pagos por oficios en Galicia y que se encargue la propia Iglesia de hacer el reparto con sus curas en función de su trabajo. «Así se hace ya en comunidades como Andalucía, mientras aquí estamos dando en muchos casos pasos atrás en lo avanzado al obligarnos algunos a hacerles los ingresos en cuentas personales», añaden los denunciantes, que creen que determinados curas tratan de aumentar así su salario -oscila entre 600 y 800 euros al mes- sin dejar rastro y sin verse obligados a declararlo.