La adjudicación de la concesión de limpieza y mantenimiento del cementerio de Alicante ha quedado desierta

El contrato del servicio de actividades funerarias, limpieza y mantenimiento del Cementerio de Alicante está gafado. No ha habido una sola vez en los últimos años que su adjudicación haya estado exenta de problemas o de polémica. El concurso que se convocó en abril para adjudicar este servicio ha quedado desierto, tal y como ha certificado la Junta de Gobierno Local, por lo que habrá que volver a licitarlo.

Mientras, el empresario Enrique Ortiz, concesionario del mismo desde 2005, mantendrá el contrato, y además se beneficiará de la situación, dado que cobrará por sus servicios el precio antiguo, que es de 344.000 euros al año, un 5% más de lo que se había estipulado en el nuevo pliego, que ascendía a 326.000 euros. No será la primera vez, en cualquier caso, que Ortiz mantenga el servicio sin contrato.

Se da la circunstancia de que el del servicio de mantenimiento del Cementerio fue el primer pliego que la Concejalía de Hacienda obligó a modificar para ajustarse a las exigencias de la Sindicatura de Cuentas, que en un informe criticó con dureza las fórmulas de contratación del Ayuntamiento.

En este sentido, el concejal de Hacienda, Juan Seva, obligó al de Atención Urbana, Andrés Llorens, a modificar este pliego, dado que incumplía varias de las recomendaciones del Síndic. De hecho, llegó a emitir hasta tres informes negativos sobre el pliego hasta que se modificó lo suficiente. El pliego inicial consideraba ofertas desproporcionadas o temerarias a aquellas que superasen un 5% a la baja o al alza la media de las ofertas presentadas, mientras que la Ley de Contratos del sector Público, y así se lo recordó al Ayuntamiento el Síndic de Comptes, establece un límite del 10%. De esta forma se permiten ofertas más bajas.

Por otro lado, se incluía como criterio objetivo la valoración de los medios humanos y materiales ofertados en función de su coste económico algo que entra en contradicción con el precio.

En tercer lugar, el pliego contemplaba también como criterio a valorar la confección del presupuesto, mientras que el Síndic consideraba que no debe tenerse en cuenta.

Otra irregularidad denunciada por los servicios de Hacienda fue que los criterios que dependen de un juicio de valor no estaban lo suficientemente descritos y delimitados, divididos en subcriterios y con puntuación detallada para cada uno de ellos.

Finalmente, una vez hechas las modificaciones, el pliego salió a licitación en abril. El plazo para presentar las ofertas terminaba el 10 de junio, pero no se presentó ninguna. Una circunstancia que llama la atención, dado que Ortiz se había presentado a todos los concursos hasta ahora. Quizá las nuevas condiciones ya no le interesaban.

Para el grupo municipal de UPyD, «siempre se repite lo mismo, los contratos o quedan desiertos o se los queda el de siempre. La gestión de los contratos y pliegos municipales es un auténtico desastre», sentenció el portavoz, Fernando Llopis. EU se manifestó en la misma línea al lamentar que Ortiz vaya a mantener este contrato y a un precio más caro.

En los tribunales

La prolongación de su contrato de forma alegal vendrá a sumarse a la lista de conflictos que acumula este servicio municipal desde 2005.

Un juzgado rechazó la adjudicación a favor de Enrique Ortiz acordada el 11 de abril del 2005, al considerar vulnerados los derechos de la otra oferta presentada al concurso. La sentencia fue ratificada después por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. La decisión judicial obligaba al Ayuntamiento a abonar a la empresa que perdió el concurso el beneficio industrial dejado de percibir.

En agosto de 2009 y tras varios meses en los que Ortiz siguió prestando el servicio con el contrato ya caducado, se iniciaba el procedimiento para adjudicarlo de nuevo. Procedimiento que se resolvió en febrero de 2010 a favor, de nuevo, de Enrique Ortiz. El nuevo contrato se hizo efectivo en mayo de ese año pero no sin que antes otra de las empresas que se habían presentado al concurso llevase ante los tribunales la resolución.

La mercantil Multiservicios Tritón denunció que se le hubiese adjudicado a Ortiz, cuando su empresa presentó la oferta más cara de las tres que participaron en el proceso. Atención Urbana defendió entonces que el motivo de la elección de la mercantil fue la valoración de las mejoras presentadas. En ambos casos, el técnico responsable del informe de valoración fue Víctor López, ya jubilado. El último procedimiento judicial está aún en marcha y en él están imputados Víctor López y otro técnico, Diego Agulló, y ha sido llamado a declarar como testigo Andrés Llorens.