Reabren la causa contra el psicólogo forense Enrique Armas acusado de falsos testimonios en cientos de juicios

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha reabierto la causa contra el psicólogo forense Enrique Armas Vargas y pide que se investigue si cometió, entre posibles delitos, el de falso testimonio en cientos de juicios sobre violencia de género en los que actuó como perito, al no usar los test homologados para valorar a las supuestas víctimas y agresores, sino test de su invención.

En un auto fechado el 31 de julio pasado, la Sección Sexta de la Audiencia Provincial estima el recurso de apelación que interpuso la Plataforma en Defensa de las Buenas Prácticas en Psicología Forense, y revoca el archivo de su querella contra Enrique Armas Vargas por los posibles delitos de falso testimonio, falsedad de documento público, uso de información privilegiada de funcionario público y prevaricación. La Fiscalía interesó la desestimación del recurso.

A juicio del Alto Tribunal, los hechos que relatan los querellantes son suficientemente graves para que al menos sean investigados, hasta corroborar o descartar si incurren en delito, “como pudiera ser el de falso testimonio (…), que no exige que el perito falte sustancialmente a la verdad, siendo suficiente que altere con reticencias o inexactitudes, o bien silenciando hechos o datos relevantes que le fueren conocidos”.

En el caso del psicólogo forense Enrique Armas, la Plataforma considera probado que mezclaba diferentes test homologados, además de emplear otros instrumentos sin homologar para sus propias pruebas sin baremar e investigaciones privadas en las Unidades de Valoración Forense del Instituto de Medicina Legal.

Igual de grave para la Plataforma que le ha denunciado es que la población forense que utilizaba para sus experimentaciones no sabía que era objeto de ensayos clínicos, incluidos menores de edad sin consentimiento de sus padres o tutores.

Entre esa población forense, y que se calcula en unas 425 personas, estaban denunciantes y denunciados por violencia machista (en especial, test sobre su agresividad), acoso laboral, mobbing y bullying. También, según la denuncia, utilizaba “el cuestionario de pensamientos distorsionados (creencias), sin hacer alusión a su autor ni aportar ninguna referencia”.

El Colegio de Psicólogos de Santa Cruz de Tenerife ya sancionó en 2013 por estos hechos con seis meses de inhabilitación al perito, aunque para eludir la sanción, Armas Vargas dio de baja su colegiación y siguió ejerciendo en el Instituto de Medicina Legal de la provincia tinerfeña, elaborando informes para los juzgados.

En la querella de la Plataforma, que ahora la Audiencia Provincial ordena que sea admitida a trámite y que Armas sea interrogado como imputado, se afirma que “el querellado no sólo ha introducido datos e informaciones erróneas en sus informes a sabiendas de que no se correspondían con la realidad, sino que además ha atribuido su autoría a dos psicólogos de reconocido prestigio (Buss y Durkee) cuando se trata de una manipulación, hecha por él, del instrumento original.  Asimismo, está haciendo pasar por pruebas psicométricas lo que en realidad son sus trabajos de ensayo experimental de la Universidad de La Laguna ”.

Posteriormente, Armas Vargas hizo públicas sus investigaciones en un informe que expuso en el V Congreso Internacional y X Nacional de Psicología Forense.

Expediente informativo del Consejo General del Poder Judicial

La Plataforma en Defensa de las Buenas Prácticas en Psicología Forense ha manifestado abiertamente que Enrique Armas Vargas está protegido por el Instituto de Medicina Legal, y muestra de ello sería “que la querella se que se interpuso contra él en los juzgados de La Laguna fue archivada de acuerdo a un informe falso elaborado por Jesús Vega, director del IML”, según afirmó Julio Blas Padrón, portavoz de la Plataforma, en rueda de prensa del pasado 26 de marzo.

Ello dio lugar a una nueva denuncia, en septiembre de 2013, contra Jesús Vega por prevaricación y falsedad documental que, curiosamente, recayó también en el juzgado de Instrucción 4 de La Laguna, el mismo que archivó inicialmente la querella contra Armas Vargas.

Dado que la titular del juzgado, la jueza Ana Serrano Jover, aún no se ha pronunciado sobre la admisión a trámite de la denuncia o su archivo, pese a que han transcurrido 10 meses, la Plataforma interpuso una queja contra ella ante el Consejo General del Poder Judicial, que ha abierto un expediente informativo.