Juicio al expresidente del PP de Íllora por autorizar las obras de un tanatorio sin licencia

El Juzgado de lo Penal 6 de Granada acogerá el martes 30 de septiembre el juicio contra el que fuera presidente local del PP de Íllora (Granada) y exconcejal en el Ayuntamiento del municipio, Juan Francisco Palma Valenzuela, por un posible delito de desobediencia a la autoridad, acusado de continuar con las obras de construcción de un tanatorio en Escóznar, (pedanía de Íllora, provincia de Granada), en un suelo de especial protección agrícola y sin contar con licencia municipal.

La Fiscalía de Granada solicita para él 12 meses de prisión, con accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena. Según consta en el escrito de acusación del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, el 13 de febrero de 2008 el entonces concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Illora requirió la legalización y suspensión de las obras que se estaban llevando a cabo por Palma Valenzuela en su condición de administrador único de la mercantil Palmavalen S.L., como promotor de la construcción en suelo no urbanizable de especial protección agrícola de un edificio destinado a tanatorio, en Escóznar, para lo que no contaba con licencia municipal.

La resolución le fue notificada personalmente cinco días más tarde, con expresa advertencia de que incurriría en un delito de desobediencia en el caso de no paralizar las obras. Así, ante el incumplimiento de esa orden, el concejal volvió a requerir la paralización, que le fue notificada con fecha 13 de abril de 2009 con igual apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia a pesar de lo cual no acató la petición municipal.

Así, mediante oficio de 29 de septiembre de 2009 el concejal de Urbanismo le advirtió expresamente de que continuaba vigente la orden de paralización de las obras, por lo que no podía continuarlas.

Ya el 30 de octubre de 2009 se levantó por la Policía local de llorar acta de precinto de la obra, pero «ante la rotura de los precintos», el Ayuntamiento acordó por tercera vez la paralización de las obras, lo que le fue notificada la esposa del acusado, como socia de la empresa Palmavalen, con fecha 6 de noviembre de 2009.

El procesado volvió a hacer caso omiso de orden de paralización y de los requerimientos efectuados, según se verificó por la Policía Local el 9 de noviembre de 2009, continuando con las obras.

Según han informado Europa Press fuentes del caso, se da la circunstancia de que Palma ya fue condenado a nueve meses de prisión por el Juzgado de lo Penal 1 de Granada, también por desobediencia grave a la autoridad, por abrir otro tanatorio propiedad de su empresa en Alomartes, a pesar de que la licencia de apertura había sido anulada por sentencia firme del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 1 de Granada.