El Defensor del Pueblo pide al Ayuntamiento de Pontevedra los informes sobre los crematorio

El Valedor do Poblo ( Defensor del Pueblo) ha tomado cartas en el asunto de los crematorios en Pontevedra, que son objeto de polémica y conflicto desde hace dos años en la ciudad. La institución acaba de solicitar al Concello que aporte toda la documentación existente sobre este asunto, en respuesta a la queja formulada por una vecina.

En su escrito al gobierno local el Valedor otorga un plazo de 15 días para que «nos facilite información sobre el problema que motivó la queja, en particular sobre la comprobación de las circunstancias mencionadas; sobre las circunstancias ambientales y su análisis; y sobre las demás circunstancias que se consideren relevantes para la completa valoración del objeto de la queja».

Se refiere de este modo a las advertencias lanzadas por la vecina afectada, que cita la pretensión de «construirse un crematorio a menos de 500 metros de las viviendas. A una distancia menor de 500 metros se encuentra un colegio de 1.200 alumnos, dos guarderías con 200 niños, tres parques infantiles, un conservatorio y un centro de salud».

Agrega esta vecina que «existen estudios que alertan del riesgo para la salud y del impacto ambiental de las incineradoras funerarias» y concluye diciendo que el Concello aún no respondió a las alegaciones presentadas en enero contra la nueva normativa municipal que regula la ubicación de estas instalaciones y que permite ejecutar el proyecto de Funespaña detrás del cementerio de San Mauro. Este expediente es, al menos, el segundo que abre el Valedor sobre este asunto, ya que recibió una queja anterior de otro vecino.

Pendiente del pleno

En la actualidad la normativa municipal citada se encuentra a la espera de su entrada en vigor, que el concejal de Urbanismo, Antón Louro, pretende que sea este año o a principios de 2015. Esa documentación ya dispone de todos los informes técnicos y jurídicos sobre las alegaciones y su aprobación provisional depende de una propuesta final de respuesta a esas reclamaciones, que suman varios centenares. Una vez resuelto ese trámite será el pleno el que apruebe provisionalmente la modificación urbanística para que se envíe a la Xunta para su aprobación definitiva, plazo para el que el Gobierno gallego dispone de tres meses.

El Concello reconoce que Funespaña, contra la que se movilizan los vecinos, tiene todo el derecho de instalarse detrás del cementerio de San Mauro, a una distancia de más de 50 metros de las casas, como fija la normativa autonómica y municipal, y no a 500 como exigen los vecinos y el PP. En el último debate plenario sobre este asunto, el grupo socialista dejó claro que Funespaña «tiene unos derechos adquiridos porque en 2009 se votó a favor, incluido el PP, de un plan que permite a la empresa instalar su crematorio en San Mauro». Además recordó que el proyecto debe reunir «los informes vinculantes favorables de la Xunta, obligatorios para el Concello» e insiste en que una negativa a la concesión de la licencia sin argumentos jurídicos supondría una «indemnización millonaria» a favor de la compañía.