A la caza de un funeral en Zaragoza
Veinte muertos al día es una estadística insuficiente para un sector que no deja de crecer en Zaragoza. ¿Quién podría pensar que podría considerarse un problema que fallezcan al año 7.300 personas sobre una población de 700.000? Pues así es en el caso de la capital aragonesa, donde en los últimos doce años se han multiplicado por cinco el número de funerarias, y donde la ordenanza de cementerios, desfasada y muy superada por la normativa de rango superior, no sirve para regular las prácticas que en los últimos meses se están detectando.
Estas van orientadas a derivar cadáveres a tanatorios privados, tales como actualizar pólizas de seguros en las que el destino de esos cuerpos ya no es el camposanto municipal de Torrero o el que libremente se elija, o como convencer a los familiares, en el doloroso momento de la pérdida, de que esta es la mejor opción para su ser querido.
La conclusión por parte de los actores de esta compleja discusión es la misma: no hay nicho de mercado para todos. Y en Zaragoza unos pocos están jugando fuerte sus cartas para quedarse con lo máximo posible de este pastel. De hecho, las consecuencias también se hacen notar en las instalaciones municipales: este año han disminuido casi un 10% el número de salas usadas a diario en el tanatorio de Torrero (tiene 19, antes utilizaba 14,5 de media y ahora, 12) y también en las incineraciones que realiza, un 20%, pasando de las 9 de promedio diario a 7,2. Y entre tanto, ya se trabaja en crear un tanatorio en el Polígono Empresarium.
El mercado de las pompas fúnebres anda revuelto porque de los 20 fallecimientos diarios, solo una media de 14 tienen atado de antemano en qué va a consistir el servicio funerario en el momento de su muerte. Pujan con todas sus armas, bien o mal vistas por los demás, por hacerse con las seis restantes y más cuando los que contratan seguro de decesos prácticamente se los reparten entre tres compañías, que trabajan con funerarias muy concretas. Y como algunas ofrecen tanatorio privado, en los últimos meses se ha detectado que estas aseguradoras están tratando de atar por escrito que sea este, y no el municipal, el que se emplee al perecer el tomador.
Libertad para elegir
El objetivo es indicar a la familia que ha de asumir por contrato una condición que, con la ley de Garantía de la Unidad de Mercado (LGUM) en la mano, no está obligado a aceptar. El usuario, tanto el fallecido como sus familiares, siempre puede elegir libremente qué funeraria recoge su cuerpo y lo prepara, dónde le velan sus seres queridos, y dónde y cómo se le entierra.
Esto es algo que los ciudadanos que se enfrentan a esta situación no parecen tenerlo tan claro, y que los intereses privados se esfuerzan en difuminar, a través de la imagen idílica de unas instalaciones propias de primer nivel. O desmereciendo las municipales. «Me consta que algunos les han llegado a decir a las familias del fallecido en el hospital que a Torrero era mejor no ir porque estamos en obras y los velatorios están cerrados. Eso no se puede tolerar», comentó Manuel Gracia, responsable de la gestora del tanatorio zaragozano, Serfrutosa. Como en precio no pueden competir –como mucho los igualan–, optan por otros métodos menos ortodoxos.
Pero el problema no se reduce a estas prácticas. El conflicto existe entre las que ya están registradas en Zaragoza pero también con aquellas quieren trabajar sin estarlo. Estas se topan con otro rival: la Administración. En lo que va de año ya van dos demandas interpuestas en los tribunales contra el Ayuntamiento de Zaragoza porque este les impide utilizar las instalaciones del tanatorio por no tener licencia de actividad en la ciudad.
UN 30% MÁS CARO Es el caso de la funeraria La Hispanidad, a la que cada servicio le cuesta un 30% más porque tiene que subcontratar a otra empresa del sector que sí esté registrada en Zaragoza. Esto es los más de 700 euros que cobra el consistorio por el uso de las instalaciones y «otros 350 euros» que hay que pagar a esa otra funeraria para hacer lo que a ella no le dejan.
Acudió a los tribunales porque está harta de que se les impida acceder a Torrero solo por tener su sede en Letux y no en la capital. Su abogado, Ángel Antonio Tejedor, aseguró a este diario que «se han llegado a incumplir las medidas cautelarísimas» instadas por un juez en las que obligaba al consistorio a dejarles entrar. Pasó el 30 de septiembre.
La situación se vuelve aún más complicada cuando «para otro fallecimiento, solo un día después, otro magistrado desestimó aplicar estas mismas medidas» porque, decía en su escrito, «no existían razones de urgencia para aplicarlas y tenía otras vías para prestarlo como era contratar a una funeraria registrada en Zaragoza» y con acceso libre a las instalaciones, explicó el letrado. «Como si la muerte no fuera algo sobrevenido», comentó.
En el fondo de este conflicto está la regulación municipal en materia de cementerios de Zaragoza y, más concretamente, la que marca qué funerarias pueden trabajar. Y no solo porque la normativa estatal es ya menos restrictiva, sino porque además, cuando se aprobó se establecieron una serie de requisitos para poder ofrecer servicios en la ciudad –en cuanto a personal, instalaciones, flota de vehículos o documentación– que ahora, con la ley estatal en la mano, son innecesarios. Pero en su día obligaban a realizar una inversión muy importante a empresas que ahora se ven obligadas a mantener esa infraestructura para competir con otras que ya ni requieren de sede en la ciudad.
Estas solo tienen que pedir autorización, pagar la tasa y se le abren las puertas. O deberían porque, en la práctica, no se hace. El ayuntamiento actúa de cortafuegos en un momento en el que la ley ha abierto el mercado. Incluso el pasado mes de julio, desde la Dirección General de Política Económica, perteneciente a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa se elaboró un informe en el que decía claramente que para obtener la obligatoria autorización, las normas autonómicas y municipales «exigen una serie de requisitos que son bien innecesarios, bien desproporcionados» y que prácticas como las que se hacen en Zaragoza «contraviene frontalmente lo establecido en los artículos 6, 18.2.b, 19 y 20 de la ley LGUM, por lo que –añade el texto del informe– deben considerarse tácitamente derogadas».
Oferta y demanda
Son las consecuencias de tener un nicho de mercado limitado para una oferta demasiado amplia para la demanda. Que se traduce en tácticas empresariales para derivar clientes a tanatorios privados limitando su libertad para elegir dónde y quién trata a sus seres queridos, en un momento emocionalmente difícil, nuevas cláusulas en pólizas que coartan esa misma libertad y la de la familia del tomador del seguro, funerarias que demandan al ayuntamiento por ver limitada vía ordenanza la libertad de mercado que sí le concede la ley estatal, y ayuntamientos que, como en la capital aragonesa, han invertido millones de euros en ampliar su capacidad por los apuros de espacio de otros años y que ahora ven cómo la iniciativa privada no solo crece en paralelo sino que compite con prácticas poco ortodoxas y apoyándose en ese «vacío legal».
Así lo denominó el concejal delegado de Cementerios en el Ayuntamiento de Zaragoza, Laureano Garín, quien destacó que «en pocos meses –antes de final del presente año, muy posiblemente–, la nueva ordenanza municipal regula estas situaciones y acabará con esta polémica», apuntó.
