El pleno del Ayuntamiento de Pontevedra aprueba la regulación de los crematorios urbanos

Tras más de dos años de polémica sobre los crematorios urbanos en la ciudad, el día en que se abordaba la decisión más trascendental -la aprobación inicial de la nueva normativa para regular su instalación- el pleno lo despachó en apenas quince minutos. Eso sí, entre los gritos de una docena de representantes de la plataforma vecinal Non Crematorios Pontevedra Leste que asistían al pleno y llegaron a calificar al bipartito local de «casta». «Sodes indignos de representar a Pontevedra», se escuchó.

Como se preveía, los votos de BNG y PSOE bastaron para aprobar inicialmente la modificación puntual del PXOM que establece una distancia de 50 metros entre los crematorios y las viviendas, y no los 500 que reclaman los vecinos y el PP. El responsable político de dicha normativa, el teniente de alcalde y todavía portavoz del PSOE, Antón Louro, no pudo defender su postura. Lo hizo en su lugar su compañero Agustín Fernández, concejal de Educación y Deportes y ya casi proclamado candidato socialista a la alcaldía. El pleno de ayer escenificó el traspaso de poderes de un Louro que no abrió la boca en toda la sesión a Fernández.

No fue Louro el único que se «borró» del debate. También lo hizo el grupo del BNG, que optó por no intervenir. Incluso el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores (BNG), se mostró muy cauteloso en este asunto, ya que en ningún momento recriminó los gritos procedentes del público. En otros plenos, por mucho menos instó a guardar silencio.

Favorecer a una empresa
Sí se explayó a gusto el portavoz de la oposición, Jacobo Moreira, que afirmó que la normativa está «hecha a trompicones», constituye un «atropello» y un «engaño», y viene a ser «una sentencia condenatoria» para el barrio de A Parda y San Mauro. El líder del PP recriminó al bipartito que «dicte unha normativa para favorecer a unha multinacional [en referencia a Funespaña, que podrá construir su crematorio en San Mauro] en lugar de proteger a los vecinos».

Con el trámite aprobado ayer, el asunto queda en manos de la Xunta, que tiene tres meses que dictaminar la propuesta de modificación puntual del PXOM. Si el dictamen es favorable, el expediente volverá al pleno para su aprobación definitiva.