Indignación en Sant Feliu por el cambio de titularidad de los nichos del cementerio

Los vecinos de Sant Feliu de Llobregat (provincia de Barcelona) están indignados ante el cambio de titularidad de los nichos, panteones y columbarios del cementerio municipal, que los convierte en concesionarios en lugar de propietarios y les obliga a pagar unas tasas que varían en función del tiempo que reserven.

El consistorio y la empresa gestora, Servicios Funerarios de Badalona, recuerdan que se trata de la aplicación de una ley autonómica y que hay sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que avalan la medida. «El principal problema para los vecinos ha sido la falta de antelación en la información.

No negamos que se trate de la aplicación de una ley autonómica, pero no hemos recibido ningún tipo de aviso del cambio de titularidad en todos estos años y ahora nos encontramos que tenemos que hacer un importante desembolso», comenta el presidente de la Asociación de Vecinos (AVV) Roses de Llobregat, Silvestre Gilaberte. El conflicto arranca en 1988, cuando una ley de la Generalitat prohibió que la concesión de los nichos y otros elementos funerarios fuese a perpetuidad porque entendía que no se puede ceder un bien de dominio público para siempre.

El concejal delegado de Servicios Municipales, Vía Pública y Medio Ambiente, Manuel Leiva, recuerda que esa misma normativa prohibía que otros equipamientos, como por ejemplo los mataderos, fuesen cedidos a perpetuidad. A partir de ese momento se establece que la concesión máxima sea de un plazo de 50 años. También una sentencia posterior del TSJC recuerda que no se pueden ceder a perpetuidad este tipo de bienes. «Las personas que ya tenían nicho en el cementerio tenían un plazo de 99 años durante el que no tenían que pagar nada, pero desde la fecha del primer entierro», explica Leiva.

Desde la entrada en vigor de la norma, en 1988, y hasta 2006 el ayuntamiento cobró las tasas fijadas en el reglamento y en las ordenanzas a los usuarios. En 2006 se convocó un concurso para la gestión del tanatorio, que ganó Serveis Funeraris de Badalona, que también consiguió la gestión, en 2006, del cementerio. Y comenzó a aplicar los precios públicos estipulados más el IVA, «ya que se trata de una empresa privada», apuntan fuentes municipales. «Todo esto se hizo sin ningún tipo de información a los vecinos de la ciudad, que éramos los principales interesados, y no nos hemos enterado de nada hasta ahora», explica Gilaberte.

De propietarios a concesionarios

Los vecinos que tienen un nicho en el cementerio de Sant Feliu, que data de finales del siglo XIX, y que están próximos a cumplir los 99 años del entierro de su primer familiar, están recibiendo una carta de la concesionaria en la que se les informa del precio que deben pagar para continuar manteniendo su espacio: 926 euros por mantener las sepulturas 10 años y 1.616 euros por 20 años. «Los vecinos estaban tranquilos, desconocían toda esta situación y ni tan siquiera sabían que habían dejado de ser propietarios», comenta Gilaberte.

«La empresa concesionaria no tiene ninguna responsabilidad del desaguisado que ha provocado el ayuntamiento, que es el que debe solucionar la situación», añade. El representante vecinal ha anunciado que la entidad presentará una instancia al ayuntamiento para solicitar una entrevista con el alcalde, Jordi San José (ICV-EUiA). «Hemos mantenido diversas reuniones con responsables municipales para pedir soluciones pero no obtenemos respuesta. Aseguran que el cambio deriva de la acción de gobiernos anteriores y que el consistorio no está en disposición de rescatar la concesión», explica el presidente de la AVV Roses Llobregat.

La normativa municipal
De hecho, la empresa concesionaria se remite al reglamento municipal del cementerio, que fue aprobado inicialmente en 2002 y modificado en 2006 y que recoge que las construcciones funerarias son propiedad municipal y el ayuntamiento hace una concesión a los usuarios, pero que ésta no puede ser a perpetuidad.

Por su parte, el concejal delegado de Servicios Municipales, Vía Pública y Medio Ambiente asegura que lo que hacía la normativa municipal era regularizar la situación y recuerda que el mismo caso se da en todos los municipios catalanes. Leiva también recuerda que la adjudicación a la empresa actual ha comportado la ampliación del cementerio municipal y que haya espacio para poder volver a enterrar en el camposanto de la ciudad.

«Las principales quejas son la falta de información y el elevado precio que se ha marcado», comenta Gilaberte. Según datos facilitados por la entidad vecinal, Sant Feliu es el municipio de esta zona del Baix Llobregat con unos precios más elevados y apuntan que en Sant Just Desvern el precio es de 1.545 euros por 25 años, en Sant Joan Despí 1.585 euros por el mantenimiento durante 50 años y en Cornellà 1.300 euros por 50 años.