La Xunta aprueba el decreto de sanidad mortuoria, que regulará los cementerios en situación alegal

El Gobierno gallego aprobó el pasado viernes 21 de noviembre en el Consello de la Xunta el decreto de sanidad mortuoria, que permitirá regularizar «un gran número» de cementerios en situación hasta ahora alegal. Sanidad alega que no se puede determinar cuántos porque no hay registro y «simplifica» los trámites para empresas de servicios funerarios, que ya no necesitarán licencia municipal de actividad ni de autorización sanitaria previa.

Según el departamento que dirige Rocío Mosquera, también se establecerá la clasificación de los cadáveres en función de su riesgo para la salud, en función de la causa de defunción. El decreto determinará a mayores las prácticas y destinos finales de los cadáveres con el fin de proteger la salud pública y el medio ambiente, así como las características de las empresas funerarias y las normas mínimas que deben cumplir tanatorios, velatorios, crematorios y cementerios.

El vicepresidente del Gobierno gallego, Alfonso Rueda, aclaró ayer que la norma abre una vía para regularizar cementerios existentes que no hayan solicitado o no tengan concedida la autorización sanitaria. Añadió que elimina la distinción entre cementerios parroquiales, confesionales y particulares, que lo determinante para efectos sanitarios es el uso de la instalación y las condiciones que debe cumplir. En concreto, será precisa una instancia de la entidad propietaria, el lugar de localización, superficie y su capacidad, instalaciones, dependencias y tipos de enterramiento, y la declaración de la antigüedad estimada del cementerio según los documentos disponibles.

Por otra parte, el Consello también dio cuenta de un informe de la Consellería de Traballo acerca del grado de cumplimiento del Plan de Dinamización Demográfica 2013-16 aprobado el año pasado. Rueda indicó que el 60% de las medidas contempladas en él están «ejecutadas o se cumplieron».

El vicepresidente reconoció que los objetivos de esta estrategia podrían obtenerse «a medio y largo plazo» y que no podrían repercutir sobre la realidad gallega en «dos o tres años».