El crematorio ubicado en el tanatorio de Navalcarnero se ciñe a la normativa vigente y respeta el medio ambiente

La instalación de un horno crematorio en el tanatorio de Navalcarnero (Comunidad de Madrid) formaría parte de las actuaciones previstas para ampliación y reforma del citado centro. Si bien el tanatorio es municipal, el servicio está gestionado por una empresa privada. “Cuando la empresa adjudicataria cogió estas instalaciones hace 10 años, ya se establecía en el pliego de condiciones que corría a su cargo la construcción este crematorio”, se señala.

Ahora, una vez construido el crematorio y tras concluir el proceso de información y de alegaciones, como marca la ley, corresponde al Consistorio conceder la preceptiva licencia municipal de apertura y funcionamiento. Al parecer, la oposición pretende que no se conceda dicha licencia, alegando que, de acuerdo con la normativa municipal, “la instalación de hornos incineradores está prohibida en el término municipal de Navalcarnero”, cuando lo cierto es que la ordenanza se refiere a los hornos de basuras y no a los de uso funerario, que sí están permitidos.

Se insiste en que el horno atentaría, contra el medio ambiente, cuando resulta que la Comunidad de Madrid ha emitido la correspondiente declaración de impacto ambiental y ésta es favorable. Otros organismos, como el Canal de Isabel II (al parecer, la oposición alegaba que había pozos de agua cerca y que podían contaminarse), también han emitido sus informes favorables y niegan cualquier posibilidad de contaminación.

Los detractores del crematorio afirman que está situado a menos de 500 metros de los nuevos desarrollos urbanísticos y de un colegio infantil, que se verían afectados por emisiones nocivas para la salud, “cuando la realidad es que estos hornos se fabrican bajo rígidos condicionantes y no existe esa contaminación que se quiere hacer creer”.

Según el Ayuntamiento, “no sólo hay una serie de condiciones y restricciones que el crematorio tiene que cumplir, sino también rigurosos controles establecidos por ley, que garantizan que así sea”. Por todo ello, al no existir una causa justificada, el Consistorio no puede negarse a otorgar la correspondiente licencia de la actividad, como pretende la oposición, ya que no hacerlo sería incurrir en un delito de prevaricación. “Y el Ayuntamiento está para cumplir la ley”, indica el comunicado.

La conclusión es que “se trata de una polémica artificial”, con la que la oposición “está tratando de crear una alarma social con un problema inexistente”. Pero lo cierto es que “no hay ningún perjuicio para la salud ni para el medio ambiente” y “no hay ninguna razón justificada que impida la viabilidad de este servicio”.