La nueva normativa para la instalación de crematorios en Pontevedra favorece el proyecto de Funespaña

La entrada en vigor, hace unos meses, de la normativa municipal que regula la instalación de crematorios en Pontevedra ha tenido dos consecuencias casi inmediatas. Por un lado, una de las primeras decisiones del nuevo gobierno local fue denegar oficialmente dos de las licencias que se habían solicitado en su día -en Arzobispo Malvar y Mourente-, y que habían quedado en suspenso hasta la entrada en vigor de la norma. Y, por otro lado, el único de los proyectos que están amparados por la normativa, el de Funespaña junto al cementerio de San Mauro, se ha visto automáticamente reactivado.

Tanto que fuentes municipales confirmaron ayer que el proyecto «sigue vivo» y que ya se han solicitado informes a Medio Ambiente sobre su tramitación. Asimismo, un portavoz de la empresa ratificó que Funespaña mantiene el interés por instalarse en Pontevedra, si bien se matizó que ha dejado de ser un asunto prioritario para la estrategia de la compañía.

Hay que recordar que hace unos meses Mapfre adquirió la totalidad del capital de Funespaña, y la prioridad ahora, señaló el mismo portavoz, es completar la integración en la nueva compañía. Uno de los directivos que acudieron el pasado mes de septiembre a Pontevedra para dar a conocer el proyecto y reunirse con la plataforma que se opone al crematorio, José Vicente Aparicio, ratificó por medio de dicho portavoz que la licencia está siendo tramitada en el Concello.

Funespaña heredó el proyecto de San Mauro de la antigua Sempsa, empresa que adquirió la multinacional en su día. De hecho, en el expediente iniciado en el Concello solo aparecen referencias a Sempsa y no a Funespaña. Por otro lado, la ofensiva judicial contra la normativa municipal sigue su curso en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia por sendos recursos planteados tanto por la plataforma vecinal como por las empresas funerarias que se han visto afectadas.