El PP reconoce haber hecho obras en cementerios cuando regentaba el Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros

La defensa del exalcalde socialista José Carlos Peña y el edil en activo y alcalde pedáneo de Las Machorras, (Burgos) Roberto Ortiz, asegura en el recurso de reforma presentado frente al auto emitido el pasado día 8 por el Juzgado Número 2 de Villarcayo que «en épocas pasadas, cuando el ayuntamiento era regentado por los hoy denunciantes (dos ediles del PP), se ejecutaron obras en cementerios sin control alguno, como ellos han reconocido en sus propias declaraciones» ante la juez. La defensa, que reitera este argumento en su escrito asegura que la exalcaldesa y ahora edil del PP, Pilar Martínez, y el edil Juan José Angulo, «reconocen que no seguían la tramitación formal cuando ejercían las funciones de gobierno, pero ahora si exigen que se cumpla».

Las obras de ampliación realizadas en el cementerio de la pedanía de Las Machorras en el verano de 2013 llevarán, muy probablemente, a Ortiz y a Peña al banquillo por un presunto delito de prevaricación, dado que la juez ya ha solicitado a las partes y al ministerio fiscal que emitan su escrito de acusación o pidan el archivo de la causa.

Los ediles del PP presentaron una querella en noviembre de 2013 después de que la junta de gobierno local del Ayuntamiento espinosiego afirmara en septiembre que no se había acometido obra alguna en el camposanto. La defensa insiste en la validez de esa contestación porque, aunque se habían acometido el relleno del terreno y el muro para sostenerlo «no se habían afrontado obras de nueva planta», dado que aún no se habían colocado los nichos.

Días antes de esta junta de gobierno, la secretaria municipal sostenía que ese tipo de obras precisaban de una autorización de segregación del terreno que cedió el propio Roberto Ortiz para la ampliación, de la recalificación del terreno segregado, de una autorización de la administración sanitaria, de licencia ambiental y de licencia urbanística. Los trabajos comenzaron sin ninguno de estos trámites. El arquitecto municipal también recomendó a Ortiz que se realizara un proyecto que no se redactó.

Pero la defensa sostiene que «todavía no está claro si las actuaciones en cementerios requieren o no de licencias previas» y que «los técnicos no se ponen de acuerdo en los requisitos necesarios». Considera además que «más que una prevaricación -dictado de resoluciones injustas a sabiendas- lo que se imputa a Ortiz es un delito urbanístico» y que el PP busca «réditos electorales» con su demanda. Afirma también que todas las partes están de acuerdo en la necesidad de ampliar el camposanto de LasMachorras.

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