El Juzgado avala el rescate de la concesión de la gestión de los cementerios a favor de Ayuntamiento de Algeciras

El equipo de gobierno municipal informó la pasada semana de que el Juzgado Contencioso-Administrativo ha emitido una sentencia que avala el rescate de la concesión de la gestión de los cementerios del municipio, que el Ayuntamiento de Algeciras (provincia de Cádiz) ratificó en pleno en julio de 2012. El gobierno local añadió que la justicia ha determinado que no procede ningún tipo de indemnización. El Consistorio comunicó el fallo judicial tras pasar éste por la junta de gobierno celebrada por la mañana.

El teniente de alcalde delegado de Hacienda, Luis Ángel Fernández, del Ayuntamiento de Algeciras destacó que, «debido a los innumerables incumplimientos de la empresa, que no pagaba el canon, ni la Seguridad Social y con dificultades a los trabajadores, el Ayuntamiento tuvo que proceder al secuestro de la concesión y a la municipalización de los cementerios de Algeciras».

Según señaló Fernández, ahora el juzgado ha ratificado las actuaciones municipales, ha dado validez al secuestro, y establece en su sentencia que no procede ningún tipo de indemnización por el rescate del servicio, «debido a los incumplimientos de la empresa, que han sido debidamente acreditados en el juzgado por el Ayuntamiento», según reseñó una nota municipal.

«Esta sentencia viene así a validar la actuación política, y demuestra que era necesaria e imprescindible. Los cementerios funcionan ahora mucho mejor y, desde luego, lo que sí hace es cumplir con sus obligaciones y llevarse de una manera mucho más ordenada», manifestó el delegado.

Luis Ángel Fernández concluyó indicando que, en definitiva, la sentencia viene a demostrar que «la decisión municipal fue acertada y jurídicamente irreprochable, dando la razón al Ayuntamiento en todas las actuaciones que llevó a cabo y que han terminado con la municipalización de los cementerios».

El gobierno local del PP anunció en julio de 2012 que el Ayuntamiento iba a rescindir el contrato de concesión de la gestión de los cementerios de la ciudad, que en 1995 fue adjudicada a la empresa Parque Jardín Cementerio S.L. por un periodo de 50 años. Lo aprobó el pleno que se celebró días después y la decisión significó que se pasó del secuestro que se había ejercido sobre el servicio desde final de mayo de ese año a su rescate.

Marcos Lo-Iacono, propietario de la empresa que gestionaba los cementerios, comunicó en octubre de 2012 que había ordenado a sus abogados que iniciaran las acciones judiciales oportunas para reclamar al Ayuntamiento una indemnización por haber rescatado el servicio. El responsable de Parque Jardín Cementerio añadió que también había decidido trasladar al Contencioso-Administrativo un requerimiento de daños y perjuicios por supuestos incumplimientos municipales del contrato de concesión. En total, Lo-Iacono estimó que tenía derecho a percibir 13 millones de euros del Consistorio.

Lo-Iacono calculó que de los aproximadamente 13 millones de euros de los que se consideraba acreedor, entre cuatro y seis correspondían a una indemnización por daños y perjuicios por haber perdido la concesión. En concreto, a un resarcimiento por inversión no amortizada tras haber construido su empresa el nuevo cementerio de Botafuegos.

En febrero de 2013 el gobierno municipal señaló que el propietario de la empresa Parque Jardín Cementerio había desistido de continuar con el recurso interpuesto contra el rescate ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo. «Supone de alguna manera la aceptación del expediente que incoó el Consistorio para rescatar la concesión de los cementerios habida cuenta de las deudas que mantenía», valoró entonces Luis Ángel Fernández.

«Los intereses particulares son legítimos pero este asunto lo elevamos al Consejo Consultivo, que nos dio la razón y justificó el rescate», también dijo entonces el edil, que detalló que aunque el propietario de la exconcesionaria todavía podía ejercer otras acciones, el desistimiento de recurrir el rescate demostraba que fue «razonable hacerlo». En el suplico al juzgado, al que tuvo acceso este diario, se especificó que declarara «terminado el procedimiento por desistimiento, ordenando el archivo de los autos y la devolución del expediente administrativo, sin costas».