Un operario del cementerio de Barakaldo pide 30 euros por colocar la lápida en el momento de la inhumación

El pasado martes en el cementerio de San Vicente de Barakaldo (provincia de Vizcaya) sobre las 13.00 horas. Uno de los tres operarios encargados de enterrar a un difunto, durante el duelo, les dijo que tenían que pagarle 30 euros si querían que les colocara la lápida en el momento de la inhumación (entierro). Si no, tendrían que llamar a un marmolista que les cobraría 70 euros. Según ha explicado el hijo del fallecido. «Por suerte, el empleado municipal que nos gestionó el entierro el día anterior se percató de la picardía y reaccionó a tiempo», añadió. Al enterarse de lo ocurrido, el Ayuntamiento actuó de manera inmediata pidiendo aclaraciones para depurar posibles responsabilidades.

La familia del fallecido disponía de un nicho «ocupado por otra familiar desde hace 37 años». Según relató el hijo del difunto, el funcionario que les atendió era una persona «seria y muy amable». Explicó a la familia de manera detallada las normas y tasas correspondientes a la operación. «Nos advirtió de que si la lápida vieja se rompía durante el proceso de exhumación, sería un gasto que pagaríamos de nuestro bolsillo. Aceptamos esa y todas las demás condiciones y nos recomendó estar presentes durante el proceso», recuerda.

Sin recibo
«En esos instantes de dolor, uno no está mentalizado para pensar que podía tratarse de un timo. Cuando le pagué los 30 euros, solicité un recibo, pero me dijo que no era necesario y ahí empecé a sospechar». Fue entonces cuando el hermano del difunto, también presente durante el sepelio, recibió la llamada del funcionario municipal que les orientó el día anterior.

Casualidades de la vida. «El señor necesitaba concretar unos datos de las gestiones y nos pidió acercarnos un momento a la oficina. Aprovechamos para comentarle lo que acababa de ocurrir y se le cambió la cara de repente». El hombre «se llevó las manos a la cabeza» y no daba crédito a lo que escuchaba, según las mismas fuentes. Citó de inmediato a los tres trabajadores de la subcontrata para pedirles explicaciones y les exigió devolver el dinero al afectado.