Faltan pruebas para imputar al enterrador de Casar de Cáceres de verter huesos humanos en una escombrera
El juzgado no halla pruebas suficientes para imputar al enterrador del municipio de Casar de Cáceres (provincia de Cáceres) de verter huesos humanos en una escombrera cercana al cementerio, por lo que ha dado por concluida la investigación y ha decidido archivar el caso. Los hechos salieron a la luz el pasado febrero y mantuvieron en vilo durante semanas a los vecinos de la localidad cacereña, que temían que los restos óseos encontrados pertenecieran a algún antepasado suyo.
Los huesos fueron encontrados por un joven vecino de la localidad que se había acercado a la escombrera municipal en busca de chatarra. Enseguida puso en conocimiento de la Guardia Civil que entre los escombros había visto algunos huesos. Los agentes se incautaron de los restos (se llevaron veinte bolsas) y tras las investigaciones confirmaron que se trataba de huesos humanos de personas que habían fallecido hace mucho tiempo. Podrían proceder de la limpieza que se llevó a cabo en una zona de enterramientos meses antes de que fueran encontrados los huesos. La limpieza se realizó para hacer obras y ampliar el camposanto con 110 nichos nuevos (tiene 2.400). Los restos óseos fueron después devueltos al camposanto para que se les diera sepultura.
Los huesos hallados en la escombrera no fueron los únicos. Días después se encontraron más en una parcela anexa al cementerio, donde también se habían vertido escombros procedentes del camposanto. Se localizó un número similar de restos óseos que la vez anterior.
Desde el primer momento todas las miradas se centraron en el enterrador del cementerio parroquial (es uno de los cinco de España que aún pertenece a la Iglesia), Antonio R. B. Está contratado por el obispado y su función es la de mantener limpio el camposanto, ocuparse de los entierros y de las obras que se realizan en el mismo. Suele acumular la basura que recoge en un espacio habilitado y una vez al año esos residuos se retiran. Desde el primer momento mantuvo su inocencia: «Yo si veo un hueso lo cojo, nunca se me ocurriría tirarlo, por Dios», dijo en una conversación que mantuvo con este diario días después de que se descubrieran los restos óseos.
Sin embargo la investigación apuntaba únicamente a él, que ha sido el único imputado durante todo el proceso. Se le acusaba por un delito contra la libertad de conciencia, los sentimientos religiosos y el respeto a los difuntos, regulado en el artículo 526 del Código Penal, que especifica que «el que, faltando al respeto debido a la memoria de los muertos, violare los sepulcros o sepulturas, profanare un cadáver o sus cenizas o, con ánimo de ultraje, destruyere, alterare o dañare las urnas funerarias, panteones, lápidas o nichos, será castigado con la pena de prisión de tres a cinco meses o multa de seis a diez meses».
