Mapfre estudia la posibilidad de reclamar 25 millones por la remunicipalización del servicio funerario de Madrid

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, ha hecho saber a Funespaña, controlada por Mapfre, su intención de remunicipalizar en septiembre de 2016 el servicio funerario de Madrid, según fuentes municipales. Lo hará durante el consejo de la Empresa Mixta de Servicios Funerarios (EMSF), que desde principios de los noventa gestiona Funespaña pese a que el Ayuntamiento posee el 51% de las acciones. Funespaña planea pedir unos 25 millones de euros, lo que le corresponde de los aproximadamente 50 millones que la EMSF tiene como «reservas de beneficios no distribuidos».

Sánchez Mato (Ahora Madrid) ha tomado la decisión de remunicipalizar el servicio funerario en 2016, como adelantó eldiario.es, cuando está prevista la extinción de la sociedad, porque se cumplen 50 años de su fundación. Según la memoria de la EMSF, una vez se produzca la extinción de la sociedad en septiembre de 2016, todo su activo revertirá al Ayuntamiento de Madrid «sin que el accionista privado tenga derecho a cuota de liquidación alguna».

Sin embargo, Funespaña (propiedad al 81% de Mapfre) planea pedir la mitad de los 50 millones que la EMSF tiene «como reserva de beneficios no distribuidos». «Eso está parte en efectivo y parte en bienes raíces. El que se quede con la sociedad tendrá que poner el dinero», señala el gerente de la EMSF, Juan Antonio Valdivia. Sin embargo, la remunicipalización necesita el apoyo de otros grupos, ya que es una decisión que deberá pasar por el pleno municipal, donde el grupo de Manuela Carmena no tiene mayoría.

Valdivia, de 66 años, está imputado porque el ministerio público le ha denunciado en el juzgado por comprarse a sí mismo féretros y urnas por 2,4 millones desde 2003, como adelantó El Confidencial. La intervención municipal alertó sobre esta práctica desde 2006 sin que el Consistorio, del PP, hiciera nada. El Ayuntamiento no podía relevar a Valdivia de su puesto porque la gestión es de Funespaña, así que la remunicipalización le resuelve el problema de mantener a un imputado al frente de una empresa con mayoría municipal.

A principios de los años noventa, Funespaña se quedó por 100 pesetas (60 céntimos de euro) con la mitad de la empresa. El caso se eternizó en los juzgados hasta que 17 años después fue inhabilitado por prevaricación uno de los concejales que autorizaron la operación.