El Instituto de Medicina Legal de Jaén se encuentra en un estado deplorable con grietas en paredes y techo

El Instituto de Medicina Legal de Jaén se resquebraja. Las grietas han llenado paredes y techos del edificio en el que se realizan más de 200 autopsias cada año. Fue el Ayuntamiento de Jaén el que alertó sobre la gravedad de la situación y sobre el peligro que amenaza la conservación del edificio.

Es más, la concejal de Sanidad, Isabel Azañón, asegura que las instalaciones se encuentran en un estado “lamentable, fruto de la dejadez y el abandono por parte de la Junta de Andalucía”. Algo que niegan fuentes de la Delegación del Gobierno: “En ningún caso, se debe a la falta de actuaciones de conservación”, aclaran.

El Instituto de Medicina Legal se ubica en un edificio del cementerio de San Fernando, que es de titularidad municipal pero que fue cedido a la Junta en 2004. Desde entonces, la Administración autonómica se encarga del mantenimiento del inmueble. “Se hicieron mejoras de cara a la galería pues, al poco tiempo, aparecieron grietas en paredes y techos.

Resulta insalubre tener que trabajar allí a diario sin contar con las garantías de seguridad pertinentes”, explica la concejal Isabel Azañón. Por ello, pide a la Junta que acometa con urgencia las medidas necesarias para adecentar las instalaciones y acabar con el mal estado que presentan y el evidente peligro que acarrean para los empleados.

La Junta rechaza que el mal estado del edificio sea “fruto de la dejadez y el abandono”, como denuncia el Ayuntamiento. Asegura que desde que se hizo cargo del inmueble se han realizado cuantas obras han sido precisas. Recuerda que, solo en los dos últimos años, se han destinado 47.000 euros a trabajos de reparación de las fisuras, a la red de saneamiento, a los desagües de la sala de autopsias, a la solería y a la cubierta de chapa.

Sin embargo, la Delegación de Gobierno asegura que, a partir del pasado mes de agosto, la situación se agravó. Aparecieron nuevas fisuras “de mayor calado” a las que fueron reparadas en los años 2013 y 2014. Además, se concentraban en el área administrativa. Según la Junta, desde entonces se adoptaron las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los usuarios y de la plantilla de trabajadores.

Además, las mismas fuentes de la Administración autonómica aclaran que ya se ha encargado un estudio técnico para determinar cuál es el origen de las deficiencias del edificio. Eso sí, la Junta lamenta “el oportunismo” del Ayuntamiento por crear una alarma injustificada.