La Síndica de Barcelona abre una investigación por precios abusivos de empresas funerarias
La Síndica de Barcelona, (Defensora del Pueblo) María Assumpció Vilà, ha abierto una investigación por una falta de transparencia y precios abusivos en las funerarias de la ciudad, tras recibir la queja de una asociación de usuarios que cree que las funerarias se provechan de la situación emocional de sus clientes.
Según ha informado la defensora de los barceloneses, la investigación quiere comprobar «si las empresas que operan en este sector dan un trato objetivo, ya que es un servicio esencial». La Síndica, que puede intervenir en este caso porque las competencias y la regulación de consumo en Barcelona dependen del ayuntamiento, ha solicitado información al Comisionado de Comercio, Consumo y Mercados, a la Junta Arbitral de Consumo y a la representación municipal en el Consejo de Administración de Servicios Funerarios de Barcelona SA.
En la ciudad de Barcelona operan tres empresas funerarias, una de las cuales, Servicios Funerarios de Barcelona SA, está participada en un 15 % por el consistorio. Vilà ha preguntado al ayuntamiento por «las acciones que lleva a cabo para garantizar la defensa y la protección de los consumidores ante las presuntas malas prácticas comerciales de las empresas funerarias que denuncia la asociación de usuarios».
A la Junta Arbitral de Consumo, la Síndica le ha pedido información sobre si se están haciendo actuaciones para promover que las empresas funerarias de Barcelona, como prestadoras de servicios de interés general, se adhieran al arbitraje de consumo y si, en los últimos años, se han hecho arbitrajes en materia de servicios funerarios.
Tras consultar a la Agencia Catalana de Consumo, Vilà ha constatado que ninguna de las empresas funerarias de Barcelona están adheridas al arbitraje de consumo. Del consejo de administración de Servicios Funerarios de Barcelona SA, la defensora quiere saber si ha elaborado un código de conducta o criterios éticos y de buenas prácticas comerciales en la empresa y la capacidad de influencia que el ayuntamiento tiene en fijar los precios.
Vilà también se ha interesado por saber las consideraciones municipales sobre el mantenimiento del nombre Servicios Funerarios de Barcelona SA, «que induce a pensar a los ciudadanos que se trata de un servicio prestado por el consistorio».
La asociación de usuarios que ha pedido la intervención de la Síndica ha denunciado, entre otras cosas, que Servicios Funerarios de Barcelona SA, participada mayoritariamente por el grupo Mémora, mantiene el mismo logotipo que utilizaba cuando el accionista mayoritario de la sociedad era el consistorio, lo que «confunde» a los consumidores que piensan que es un servicio municipal.
La defensora de los barceloneses ya recomendó en 2014 al consistorio «reforzar las inspecciones para asegurar que se informa bien a los clientes del catálogo de los servicios y las tarifas». Entonces, Vilà hizo constar que la Autoridad Catalana de la Competencia anuló la ‘tarifa ciudadana’, que consistía en un paquete básico de productos y servicios con un precio máximo invariable de 1.800 euros más IVA porque la consideró una práctica contraria a la competencia.
Las empresas funerarias, en cambio, sí que mantienen servicios de beneficencia y servicios subvencionados que se destinan a personas sin o con escasos recursos económicos, si se acredita adecuadamente.
