Pena de cárcel por conducir a la quiebra a su empresa funeraria y estafar a varios inversores

La Audiencia Provincial de Alicante impuso el pasado 11 de diciembre una pena de tres años de cárcel y una multa de 6.000 euros a un hombre que condujo a la quiebra a su empresa de servicios funerarios, no sin antes llevarse por delante a varios inversores que aportaron en total hasta 175.575 euros. El reo captó a sus víctimas entre los años 2009 y 2010 para endosarles el mayor número de participaciones.

El condenado, fundador y administrador único de la firma Ataúdes de Zinc Villarrobledo SL (AZV), creó la empresa en mayo de 2008 como una de las firmas de un grupo empresarial mayor de carácter familiar especializado en la prestación de servicios funerarios. El capital de la sociedad, de 6.400 euros, se encontraba dividido en 64 participaciones de las que José M.R. era el único socio. Esta situación cambió tras sus intentos por involucrar a más personas y mercantiles en la sociedad.

El procesado inició una ronda de contactos para captar inversores a los que vendía una imagen de expansión comercial de la firma y augurios de grandes ganancias con la gestión de tanatorios municipales. Sin embargo, según quedó probado para el tribunal de la Sección Décima, su único fin era el de «obtener un elevado precio por las participaciones y lucrarse» sin llegar a cumplir «los compromisos a los que se obligara», como indican los magistrados en el fallo judicial que se ha hecho público.

La principal baza de José M.R. consistía en presentar unos buenos resultados del tanatorio de Fortuna (Murcia), ocultando que acumulaba «pérdidas y deudas» con el Ayuntamiento por su explotación. Pese a ello, logró embaucar a tres personas a quienes hizo socias y a las cuales aseguró que convocaría juntas generales para que la mercantil contase con diferentes administradores mancomunados.

Nada de eso se hizo, como recoge el dictamen de la Audiencia, pero mientras tanto el reo fue vendiéndoles participaciones y haciendo que los nuevos miembros invirtiesen en infraestructuras para desembarcar en Sax y gestionar el tanatorio de la localidad así como el alquiler y adecuación de una nave. Esta última inversión resultó del todo ruinosa, al igual que la de Fortuna, cuyo Ayuntamiento resolvió el contrato en 2011. Para la Sala, el penado «no hizo nada para la expansión del negocio», sino todo lo contrario, pues «llevó a cabo actos que dieron lugar al cese de la actividad social».

Del mismo modo, desde el año 2010 el fundador de AZV «enajenó bienes inmuebles y participaciones de la que era titular», como explica el tribunal en la sentencia. Los magistrados entienden que el condenado tejió un «engaño» que «fue bastante para crear error en el sujeto al que iba destinado».