Las funerarias de la provincia de Orense dejarán de trabajar con los velatorios ilegales

Las empresas funerarias de la provincia de Orense dejarán de trabajar en los velatorios que no cumplen con la normativa. Tras haber recibido varios apercibimientos e incluso sanciones económicas por prestar servicios en instalaciones ilegales, las empresas han decidido plantarse y, a partir del 1 de febrero, solo acudirán a los tanatorios que estén amparados por la Consellería de Sanidade. A día de hoy son un centenar los que, según datos de la Xunta, se han adaptado a la última normativa pero todavía quedarían otros tantos, según fuentes del sector, por legalizar.

«El problema que tenemos es que Sanidad considera que los responsables de prestar servicio en un velatorio o centro social que no tiene licencia somos nosotros, así que a partir de ahora vamos abstenernos de trabajar en esas circunstancias para evitar que sigamos siendo objeto de sanciones», explica Antonio García-Aliende, presidente de la asociación de empresarios, que aglutina a sesenta empresas, de las 75 que operan en la provincia. «Lo que hemos hecho ha sido solicitar un listado a Sanidade para que nos diga qué sedes son legales, y no iremos a ninguno que no esté en esa lista», explica. Aliende considera injusto que las sancionadas sean las empresas, y no los responsables de las instalaciones ilegales, y recuerda que muchas de ellas las gestionan asociaciones vecinales, pero también hay muchas que son de titularidad municipal.

«No quedarán muertos sin velar»
El plante de las empresas funerarias tendrá consecuencias para muchos ciudadanos de distintas localidades que en las próximas semanas necesiten sus servicios y en cuyas localidades estén operativos velatorios ilegales, ya que se verán obligados a buscar otros lugares para realizar los trámites o, en su caso, contratar a empresas que asuman el riesgo de ser sancionadas. Sin embargo, desde la asociación garantizan que «no quedarán muertos sin velar».

Asegura, en este sentido, Antonio García-Aliende, que en la provincia de Ourense existen «el triple de tanatorios que en cualquier otra provincia de España», por lo que «hay oferta suficiente para que se pueda ofrecer el servicio funerario sin problemas». Eso sí, puntualiza que a lo que no se puede aspirar es a «pretender que todo el mundo sea velado a la puerta de su casa». En todo caso, insta a instituciones municipales y a cualquier otra entidad vecinal a que «si quieren tener en su localidad un sitio para estas ceremonias, lo tengan conforme a lo que dice la ley».

Nuevo decreto
La polémica por los velatorios tiene su origen en el decreto 151/2014 de Policía Sanitaria Mortuoria, en el que se establecían los requisitos que a partir de ese momento deberían cumplir todas las instalaciones mortuorias gallegas y con el que se pretendía regularizar estas sedes. Desde esa fecha la Consellería de Sanidade envió apercibimientos a los ayuntamientos y gestores de estos centros para que adaptaran sus instalaciones y, a día de hoy, han sido 101 los que así lo han hecho, enviando a la administración las notificaciones oficiales correspondientes. Eso sí, hay cuatro entidades municipales que han solicitado moratorias a la Xunta.

En lo que respecta a las sanciones, en el año 2014 se resolvieron tres expedientes contra empresas funerarias, que se saldaron con «sanciones leves». En 2015 se incoaron otros tantos expedientes, dos a funerarias y otra a un Concello. Los afectados dicen haber llegado a pagar hasta 3.000 euros de sanción.

Maside legaliza cuatro sedes del rural pero su alcalde critica la nueva normativa
La presencia de velatorios ilegales es algo relativamente común en la provincia de Ourense. Aunque más de la mitad de los ayuntamientos tienen instalaciones adaptadas -en casos como el de Avión hasta seis- lo cierto es que la dispersión geográfica de muchos municipios y la tradición de velar a los muertos cerca de casa provocó la proliferación de nuevas sedes, instaladas en centros sociales o locales vecinales, que operaban en una especie de limbo legal. Esa situación constituía un posible problema de salud pública con el que intentó acabar el decreto del 2014, con el que no todos los alcaldes están conformes.

Uno de ellos es el de Maside, Celso Fernández, que ahora mismo está con los trabajos para acondicionar cuatro velatorios rurales que no se habían adaptado a la nueva norma. En algunas de las instalaciones, el coste de las obras puede ascender hasta los 10.000 euros. «El legislador conocía muy poco la realidad y las tradiciones gallegas, porque lo que va a pasar es que la gente que vive en aldeas alejadas de los grandes núcleos de población va a volver a velar a los muertos en sus casas, porque eso sigue siendo legal, y no creo que las condiciones allí sean mejores que las que había en esos locales, ya que todos se han habilitado con unas condiciones mínimas», explica el regidor, que critica, además, que muchos ayuntamientos «no tienen legalizado ningún velatorio y no se están llevando los muertos a Portugal». Cree que las disposiciones «se deben adaptar a la realidad y la tradición» y asegura que el decreto ha causado «indignación».