Funeraria de Madrid no repartirá dividendo a los socios por un supuesto déficit de inversión

El delegado de Economía del Ayuntamiento de Madrid, Carlos Sánchez Mato, ha anunciado que la Empresa Mixta de Servicios Funerarios (EMSF), en manos del Ayuntamiento (51 %) y el grupo Funespaña (49 %), no repartirá dividendo ante el déficit de inversión de 24 millones que el equipo municipal ha apreciado.

Sánchez Mato ha realizado este anuncio tras acudir junto al delegado de Salud, Javier Barbero, tras participar en el consejo de administración de la EMSF, donde han presentado el informe realizado por el Ayuntamiento y una empresa externa que cifra en 24 millones de euros la inversión necesaria para rehabilitar los cementerios municipales por la «falta de mantenimiento» de los últimos años.

Los responsables municipales han indicado que el consejo de administración de la EMSF -cuyo contrato se extingue en septiembre de este año tras permanecer activa desde 1992 y volverá a pasar a la gestión municipal directa- será el que deba decidir qué acciones tomar a raíz de la situación en la que se encuentran las infraestructuras.

Según los datos presentados por el Ayuntamiento el pasado mes de octubre, Funespaña factura a la EMSF en concepto de retribución por su gestión una cantidad que asciende al 20 % del resultado de la empresa antes de impuestos.

Por este concepto, según el Ayuntamiento, Funespaña ha recibido entre 1993 y 2014 38 millones de euros, además de los dividendos por su participación accionarial, de 25 millones.

La EMSF tiene su origen en la Empresa Municipal de Servicios Funerarios de Madrid, creada hace 50 años y privatizada parcialmente en 1992, cuando el 49 % de las acciones quedaron en manos de Funespaña a cambio de 100 pesetas y la condonación de la deuda que la empresa municipal tenía con el Ayuntamiento.

La operación de privatización generó controversia política y derivó en un caso judicial que concluyó en 2011, cuando el Tribunal Supremo rechazó autorizar al expresidente de Funespaña José Ignacio Rodrigo Fernández para interponer un recurso de revisión contra la sentencia que le impuso una multa de 3,7 millones de euros como cómplice de prevaricación y autor de un delito de tráfico de influencias.

En 2009, el Supremo había confirmado la condena impuesta por la Audiencia Provincial de Madrid a Rodrigo Fernández, así como la pena de dos años de inhabilitación a la que fue condenado el exconcejal madrileño del PP Luis María Huete por irregularidades en la privatización de la funeraria municipal.

Sánchez Mato ha indicado que el Ayuntamiento «no está precisamente satisfecha de que se hayan producido repartos de dividendos en ejercicios anteriores -entre los socios de la empresa mixta- sin haber atendido una parte importantísima de inversión».

Ha afirmado que «es demasiado pronto para poder establecer si hay algún tipo de responsabilidad o no» en ellos, pero ha añadido que al Ayuntamiento lo que le «importa» es que el proceso sea «claro» y gestionado de manera escrupulosa para «llevar a buen puerto la financiación de la concesión».