La Síndica de Barcelona pide nuevos operadores en el mercado funerario para reducir costes del servicio

La Síndica de Greuges de Barcelona, (Defensora del Pueblo) Maria Assumpció Vilà, ha recomendado al Ayuntamiento de Barcelona que facilite la entrada de nuevos operadores en el mercado funerario para conseguir reducir los costes del servicio en la capital catalana que considera «desproporcionadamente caros» y consecuencia de «la falta de competencia real». .

«A raíz de diferentes quejas que hemos recibido de servicios funerarios, y después de estudiar el tema, se ha podido comprobar que morirse es muy caro. En Barcelona, particularmente, es desproporcionado lo que cuesta un entierro» ha declarado Vilà, que ha señalado que son elevados, principalmente si no se dispone de un seguro de fallecimiento.

La Síndica de Greuges de Barcelona ha incluido esta recomendación en el ámbito de actividad económica del informe anual de 2015, el último de su mandato, que presentará en el pleno municipal del próximo 26 de enero. El Ayuntamiento de Barcelona estima en 5.110 euros el coste medio de un servicio funerario en la ciudad.

La síndica recuerda que un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) del año 2013 apuntaba que el precio medio de un servicio funerario en Barcelona era de 6.441 euros, el más alto de los 31 municipios españoles que comparaba.

La Síndica de Greuges de Barcelona ha incluido esta recomendación en el ámbito de actividad económica del informe anual de 2015, el último de su mandato, que presentará en el pleno municipal del próximo 26 de enero.

En concreto, Vilà ha recomendado que dado que se trata de un servicio esencial, el consistorio estudie modificar los contratos de concesión de los tanatorios de titularidad pública que hay en la ciudad para permitir el acceso a las salas de velatorio a todas las empresas que lo soliciten para dar cumplimiento a la Ley de servicios funerarios.

Maria Assumpció Vilà ha explicado que el año pasado recibió una decena de quejas de ciudadanos que exponían su disconformidad por los elevados precios de los servicios funerarios, que en algunos casos calificaban de abusivos, y denunciaban la falta de transparencia e información en las tarifas y los servicios contratados.

Para Vilà, «las familias deben decidir qué tipo de enterramiento quieren en unos momentos muy difíciles y creemos que se deberían explicar muy bien y con mucha transparencia los costes de los servicios».

Con este objetivo, la defensora de los derechos de los ciudadanos plantea al consistorio la necesidad de implementar métodos informativos que refuercen la transparencia e insistir a las empresas del sector para que se adhieran al arbitraje de consumo.

Según la síndica, que ha emitido una resolución concreta sobre esta cuestión, el Ayuntamiento de Barcelona no utiliza todos los instrumentos y mecanismos que tiene a su alcance para promover la competencia en la prestación de servicios funerarios en la ciudad, así como para velar por la defensa de los usuarios de estos servicios y por la transparencia de la actuación de las empresas autorizadas en la ciudad.

Entre las recomendaciones de la defensora al ayuntamiento figuran también las de reforzar las inspecciones municipales para detectar posibles infracciones previstas en la Ley funeraria de Cataluña, adecuar la ordenanza reguladora del servicio funerario de Barcelona a esta ley, y eliminar los requisitos injustificados que dificultan la entrada al mercado de nuevas empresas operadoras.