Funeraria San José elimina el servicio de incineración del proyecto de tanatorio en el polígono de Bayas

Ha sido elemento de fricción indiscutible entre el Ayuntamiento de Miranda de Ebro (provincia de Burgos) y la empresa durante cuatro años; el motivo sustancial de una larga batalla jurídica que finalmente acabó perdiendo la administración.

De la noche a la mañana, se disipa. Y por una cuestión sumamente básica: no hay espacio físico. Hijos de Víctor Martínez Aranzana SL, propietaria de Funeraria San José, no prestará servicio de incineración en las instalaciones que ocupó la empresa Pimex, en la ampliación del polígono de Bayas. Ha eliminado el crematorio del proyecto visado que presentó el pasado 4 de febrero como paso previo a la obtención de las licencias ambiental y de obras.

¿El motivo? El número de plazas de aparcamiento que se le exigen: una por cada 40 metros cuadrados de superficie; «unas 38». En la modificación presentada, «efectivamente, no aparece el crematorio porque como consecuencia de la introducción de las plazas de estacionamiento, se quitaba espacio al uso tanatorio. Al final no cabía todo y la propiedad ha decidido eliminarlo», confirmó a El Correo Luis García, el arquitecto contratado para el acondicionamiento de una instalación por la que se desembolsaron en torno a 1,3 millones de euros en 2012, según aseguró en su día la funeraria burgalesa.

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJ de Castilla y León dio la razón meses atrás a San José en relación con la idoneidad de instalar un horno en un solar de naturaleza industrial, pero también la emplazaba a corregir lo que interpreta como «errores subsanables»: la contradicción entre los tipos de combustibles a utilizar (gasoil o gas natural) y una previsión de plazas para el estacionamiento de vehículos.

En este punto, surgieron distintas interpretaciones. ¿Qué espacios de aparcamiento debían reservarse? Al no contemplarse en el Plan General el equipamiento singular funerario, se exigía saltar de una normativa a otra hasta llegar al dato final. Con la modificación del PGOU que se introdujo para autorizarse a Servicios Funerarios de Miranda la creación de un horno crematorio en sus instalaciones de la carretera de Orón, se dio el visto bueno a la interpretación de que «este equipamiento (funerario) tenía cabida en el apartado de servicios públicos por lo tanto se le exigiría una plaza por cada cuarenta metros cuadrados construidos», aseguró la alcaldesa,Aitana Hernando, el pasado 16 de diciembre.

La consideración jurídica de que el servicio público lo prestan las administraciones estatal, autonómica y local directamente o por delegación no encajaba en la fórmula, a ojos de los promotores. El plan general apunta además de la tipología de equipamiento del ‘servicio público’, la escolar, la cultural y asistencial, el uso sanitario, mercado municipal y deportivo. En algunos casos se establecen cotas de exigencia más bajas en cuanto a espacios disponibles para aparcar y en otros ni tan siquiera se concretan.

Un ‘vacío’ que dejaba también como válida la interpretación de 1 plaza por cada 100 metros cuadrados por ser la que rige en el entorno de la nave adquirida, que se ubica en la parcela I.3-1 del citado polígono industrial. «En una construcción que ya está hecha se puede meter lo que se puede, no lo que se quiere. No hay otra razón», se defiende para descartar cualquier otra motivación en la renuncia al crematorio que no sean las propias limitaciones físicas.

Este servicio se reservaba un espacio considerable dentro del proyecto inicial por incorporar además del horno en sí, una sala técnica, una antesala y otra reservada para los familiares con capacidad para unas ochenta personas. «Al margen de que estemos o no de acuerdo, la propiedad ha decidido cumplir con la reserva de una plaza por cada 40 metros cuadrados». Y ha sacrificado de cara a una puesta en marcha inminente la línea de incineración.