La Junta de Andalucía organiza un curso sobre legislación para 60 médicos forenses de toda la comunidad

La Junta de Andalucía celebra desde ayer lunes y hasta el próximo miércoles 20, en la Delegación del Gobierno andaluz en Córdoba un curso que aborda la novedades más recientes en la valoración médico-forense de las lesiones producidas en accidentes de tráfico, al que asisten 60 médicos forenses de toda la comunidad autónoma andaluza.

La inauguración, según ha informado la Junta, ha contado con la presencia del presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Francisco de Paula Sánchez Zamorano, el director del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, José Sáez, y el secretario general provincial de Justicia, José Luis Megías.

Este curso forma parte de las actividades que lleva a cabo la Junta de Andalucía para la formación y actualización de sus trabajadores, con el objetivo de ofrecer el mejor servicio a la ciudadanía.

Las ponencias corren a cargo de destacados especialistas en la materia y que han tenido un papel fundamental en la elaboración de la citada normativa en esta especialidad, que debe ser tenida en cuenta por los médicos forenses a la hora de establecer sus valoraciones.

Entre otros temas, el programa incluye el daño psíquico, la indemnización por secuelas, los traumatismos cervicales y del abordaje médico forense de la simulación. También se tratará durante estos días la aplicación del nuevo sistema de valoración y la respuesta que deben ofrecer los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses al nuevo reto planteado, dado que se trata de una actividad extrajudicial completamente novedosa para todos.

La nueva Ley Orgánica del Poder Judicial, que entró en vigor el pasado 1 de enero, establece que los institutos de Medicina Legal podrán realizar informes de valoración de daños y perjuicios derivados de accidentes de circulación solicitados por entidades aseguradoras o particulares al margen del proceso judicial.

Por su parte, la Ley 35/2015, y su posterior desarrollo reglamentario a través del Real Decreto 1148/2015, han supuesto un incremento en la protección de la víctima en los accidentes de circulación, mediante una rápida resolución de las controversias y la garantía de una indemnización suficiente.

Este incremento de protección abre la posibilidad de intervención del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, con lo que se garantiza la máxima objetividad y calidad en los resultados de la peritación, incluyendo un modelo de informe que se ajusta a las reglas del nuevo sistema de valoración, e introduciendo un novedoso control de calidad de los informes emitidos, así como un precio público por dicha actuación.