El Síndic de Greuges de Cataluña quiere que las funerarias presenten presupuestos claros y cerrados

Las quejas sobre el elevado coste de los servicios funerarios y los supuestos abusos por parte de sus empresas aparecen cada vez más en los informes anuales que presentan tanto el Síndic de Greuges de Cataluña como su homóloga de Barcelona. Tanto Rafael Ribó como Maria Assumpció Vilà han pedido en varias ocasiones más claridad a las empresas y por eso ayer el Síndic firmó un código de buenas prácticas con la Asociación de Empresas Funerarias de Servicios Funerarios de Cataluña.

El texto busca, según palabras de Ribó, evitar que los derechos de los usuarios sean vulnerados. “La empresa deben hacer el máximo esfuerzo posible para simplificar el proceso de contratación del servicio y facilitar un presupuesto claro y cerrado”, asegura uno de los 20 puntos del código.

Anna Gassiol, presidenta de la asociación, aseguró que el documento no respondía a la existencia irregularidades dentro del sector sino que pretendía “poner por escrito” las buenas prácticas de las 40 empresas que conforman la entidad.

En su informe de 2014, Ribó había alertado de la falta de claridad en la publicidad y la información al ciudadano sobre los precios y las prestaciones de los servicios funerarios. Una queja similar realizó Vilà en su informe correspondiente a 2015, presentado hace dos meses ante el pleno. “El Ayuntamiento no utiliza todos los instrumentos a su alcance para promover la competencia en la prestación de servicios funerarios, así como para velar por la defensa de los usuarios y la transparencia en la actuación de las empresas responsables”.

El código también insta a las funerarias a “respetar la libre elección de las familias y velar por ella” y a tener en cuenta las limitaciones económicas expresadas por el cliente a la hora de proponer un determinado servicio funerario. El Ayuntamiento de Barcelona estima en 5.110 euros el coste medio de un servicio funerario en la ciudad.

Ribó también abogó porque en los servicios funerarios se adapten los precios, como ya pasó con otros servicios públicos esenciales como el agua o la electricidad. Las empresas y el Síndic se reunirán dos veces cada año y se denunciarán los incumplimientos.