Forenses del Instituto Vasco de Medicina Legal de Bizkaia siguen en huelga hasta que se sienten a negociar

Los médicos forenses del Instituto Vasco de Medicina Legal de Bizkaia en huelga han alertado este lunes de que el servicio «se muere» y puede desaparecer por la ausencia de un relevo generacional debido a «la falta de atractivo» de esta actividad por las «pésimas» condiciones laborales en las que se desarrolla.

En una conferencia de prensa en Bilbao, la denominada plataforma de médicos forenses, apoyada por los sindicatos de Administración vasca de Justicia -CCOO, LAB, ELA, CSIF y CGT- ha vuelto a demandar que el departamento vasco de Justicia «deje de dilatar el conflicto y se siente a negociar» las demandas del colectivo.

Un total de 27 de los 32 médicos forenses de dicho instituto participan en los paros que comenzaron en marzo, con un día a la semana de huelga durante cuatro horas y media, que se ampliaron en abril a cuatro jornadas de lunes a jueves, y que desde esta semana se extienden a cinco días, de lunes a viernes. Los huelguistas exigen la equiparación salarial a los niveles mínimos de los facultativos de Osakidetza, un plan «serio» de formación y no «vacío de contenido» como el que, a su juicio, defiende el departamento de Justicia, y que se respeten las once horas de descanso tras una guardia.

En representación del colectivo, la médico forense Ana Hidalgo ha advertido de que «la falta de atractivo de la medicina forense en el País Vasco debido a la ausencia de un proyecto de desarrollo profesional, las pésimas condiciones laborales, las retribuciones por debajo del nivel mínimo de Osakidetza y la deficiente formación continuada provoca que no exista un relevo generacional, que nadie quiera venir al instituto». Ello llevará a que desaparezca en diez años, teniendo en cuenta que la edad media de los médicos en el organismo es de 54 años, ha dicho la especialista, quien ha expresado el temor de que «se pueda estar buscando la privatización del servicio público».

Los huelguistas han pedido voluntad política «real» para solucionar el conflicto y han cuestionado la «equidad» a la que apela la viceconsejera de Justicia, Ana Agirre. La aludida propuso una adecuación retributiva del colectivo que premiaba «a los cargos de libre designación con 8.000 euros brutos al año para el director y con 5.700 euros a los subdirectores», mientras que los huelguistas piden «800 euros para la mayoría de los médicos forenses». Tal planteamiento, que implica una subida del 15% para el director y del 1,7% para la mayoría de forenses, supondría económicamente 70.000 euros frente a los 115.000 euros que implicaría la aplicación de las demandas del colectivo.

Los forenses han indicado que sus reivindicaciones suponen «cumplir» lo ya acordado y han asegurado que su huelga está provocando la suspensión de «muchos» juicios. Está causando, por ejemplo, que no salgan las peritaciones de la unidad de valoración forense integral de Bizkaia, que atiende a víctimas de violencia de género, de violencia intrafamiliar y niños, ni las peritaciones de psiquiatría para posibles incapacitaciones. También que el Juzgado de Primera Instancia número 14, que se ocupa de todas las incapacidades e internamientos, pueda fijar fecha para los juicios al no disponer de los informes necesarios para ello, según han dicho.

Los huelguistas han denunciado, por otra parte, «presiones» a la subdirección del servicio para que facilite nombres de los especialistas que debieran haber atendido a personas que se quejan por no haberlo sido debido a la protesta.