El Instituto de Medicina Legal de Aragón dispondrá de la conocida como máquina de la verdad

El Instituto de Medicina Legal de Aragón va a ser el único de España que dispondrá de la conocida como, la máquina de la verdad, que analiza la onda cerebral P300, prueba que ya ha sido utilizada en investigaciones judiciales. La directora general de Justicia e Interior del Gobierno de Aragón, María Ángeles Júlvez, ha comparecido ante la Comisión Institucional de las Cortes autonómicas a petición del PP y de Podemos y ha explicado que hasta ahora esta máquina está siendo usada en préstamo, facilitado por parte de la empresa aragonesa que la ha fabricado, y el objetivo es firmar este año un convenio con una entidad financiera, de la que no ha querido decir su nombre, que la va a financiar mediante un sistema de renting.

Según ha explicado, en estos momentos está en fase de mejora, y, fruto de la misma, se va a incorporar, por ejemplo, la medición de la onda cerebral N400. El objetivo es «no estar en precario», ha comentado Júlvez, para sostener que contar con esta máquina «es una inversión rentable» por el trabajo que permite realizar y que «tiene reconocimiento en todo el territorio nacional» por lo que «es prestigio para el Instituto». Dentro de las mejoras que hay que introducir, la directora general ha comentado que este centro es el único de sus características de España que no posee una unidad de atención a víctimas de violencia de género, a las que, no obstante, «se atiende y se interviene en la evaluación del riesgo», ha aclarado.

En este punto, ha subrayado que «es necesario modificar el plan estratégico de modernización» del centro, para incluir esa unidad, «para que se adapte a la realidad social» y «así poder sacar una estadística concreta» de la Comunidad y adoptar las medidas oportunas. PLAN La directora general ha comentado que el plan de modernización se presentó en abril de 2014, pero cuando ella llegó en julio de 2015 a este cargo «no se había desarrollado ni una sola letra», cuando ahora se ha publicado el convenio con las funerarias y se ha adaptado su actividad a la ley del Seguro.

Júlvez ha explicado, por un lado, que las funerarias «se comprometen a hacer un servicio de guardia para poder hacer la recogida de cadáveres y el traslado al Instituto de Medicina Legal sin coste» para las familias, y por otro, ha se han establecido los precios públicos cuando se piden pruebas de parte, mientras que hasta ahora el coste «lo soportaba el Instituto».

La directora general ha precisado que al modificarse la ley de Seguros, «se sacan de los procesos judiciales las lesiones que antes se producían en accidentes de tráfico y se establece un procedimiento extrajudicial para reclamar por esas lesiones», donde se le da la competencia a los forenses «para actuar de una forma semiprivada, con precios públicos».