El Tribunal Superior de Justicia anula el proyecto de ampliación del cementerio de Cacabelos ya ejecutado

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha anulado el acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Cacabelos (provincia de León) celebrado el día 5 de septiembre de 2013 por el que se aprobó el proyecto de ampliación del cementerio municipal, así como el anejo de expropiaciones, y se dispuso iniciar el expediente expropiatorio para la ejecución de las obras de ampliación, declarando la utilidad pública del proyecto.

El TSJ da así la razón a dos vecinos afectados por la ampliación del camposanto y anula la sentencia previamente dictada por el Contencioso Administrativo número 2 de León, que en diciembre de 2015 desestimó el recurso interpuesto en origen por los dos vecinos de Cacabelos afectados. En su sentencia, el Tribunal Superior de Justicia explica que «el proyecto de ampliación del cementerio no cumple la distancia mínima de cien metros del suelo urbano» que se contempla en el decreto que regula la policía sanitaria mortuoria en Castilla y León. Por lo tanto, afecta a la parcela y la vivienda de los denunciantes.

No obstante, al decisión del TSJ se ampara también en otro hecho, en que el acuerdo plenario incumple la normativa urbanística del municipio de Cacabelos. «La aprobación de un proyecto de obras, en este caso también de ampliación de un cementerio, no lleva implícita la utilidad pública a efectos expropiatorios cuando ese proyecto no se ajusta a las previsiones del plan urbanístico, que es lo que aquí sucede (…).

No se ajusta a las determinaciones previstas en las normas subsidiarias de este municipio, que ubica los cementerios en los lugares denominados ‘El Picón’, en el término urbano de Quilós, y ‘El Pinar Poula de la Rosa’, en Cacabelos», determina la sentencia emitida el pasado día 7.

Por lo tanto, el TSJ tumba un proyecto ya ejecutado y promovido por el anterior gobierno del PP, que generó gran polémica por su proximidad al yacimiento de La Edrada. El actual alcalde, el socialista Sergio Álvarez, afirmó ayer que tiene que estudiar detalladamente los pasos que debe seguir ahora la administración antes de pronunciarse al respecto pero que, en todo caso, pedirá responsabilidades a quienes las tienen y se ajustará en todo momento a lo que dicta la ley y ha determinado el Tribunal Superior de Justicia.