Primer conflicto entre Funespaña y la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid

Se ha generado una importante controversia que tomó forma el pasado 24 de mayo, cuando el Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid admitió a trámite la demanda de Funespaña, contra a la Empresa Mixta de Servicios Funerarios de Madrid (EMSFM), participada por la filial de Mapfre, pero cuyo poder ostentaba principalmente el Consistorio, gobernado desde el año pasado por Ahora Madrid.

La demanda, a la que ha tenido acceso El Mundo y que ha sido impugnada por el Ayuntamiento de Madrid, se sustentaba en un acuerdo alcanzado el pasado cinco de febrero por el consejo de administración de la empresa mixta, formado por siete consejeros designados por el Ayuntamiento y seis escogidos por Funespaña. En él se establecía que la empresa funeraria debía realizar una inversión de 23.804.561 euros para acometer obras de rehabilitación en los cementerios municipales. Esta cuantía quedó establecida por un informe externo que el Consistorio encargó a la empresa Cemosa y que, según los demandantes, «adolecía de importantes errores de bulto». El provisionamiento finalmente se rebajó hasta los 21,9 millones.

En la demanda, Funespaña recalcaba también que el acuerdo era «impugnable por su carácter lesivo para el interés social en beneficio del socio mayoritario de la EMSFM, esto es, el Ayuntamiento de Madrid» y recordaba que ya en los estatutos de la empresa mixta se fijaba que al extinguirse la empresa, en un plazo de 50 años, «revertiría todo su activo al Ayuntamiento de Madrid, quedando este como dueño absoluto, en pleno y exclusivo dominio, de todos los bienes de la sociedad, y sin que el socio privado pudiera participar en la liquidación»

Ahora, con la judicialización de la resolución del consejo, el siguiente paso dado por el Gobierno de Ahora Madrid ha sido impugnar la demanda de Funespaña y solicitar al juzgado que la desestime, según el escrito de contestación a la demanda al que también ha tenido acceso este diario.

En el documento, el Consistorio denuncia que la filial de Mapfre no puede pretender que se aplique la legislación mercantil, al tratarse la antigua funeraria de una empresa mixta participada principalmente por capital público. También critica que se trate de «confundir el interés social con que la sociedad intente evitar a toda costa los desembolsos que la Ley le exige como titular de la concesión pública».

Asimismo, el Ayuntamiento considera que acusaciones como la de que el informe de Cemosa esté lleno de errores «son puramente hipótesis subjetivas» y considera que el cometido de la demanda de Funespaña es «servirse de un supuesto conflicto de interés de la defensa del interés social para enmascarar la defensa de su propio beneficio obtenido a través del dividendo y de su remuneración como gestor que, curiosamente, ha sido silenciado en la demanda» y que ascendería hasta aproximadamente 64,6 millones de euros desde que la gestiona.

Para el Consistorio «el mejor interés social es cumplir con su obligación legal de devolver los activos en perfecto estado de conservación», al contrario de lo que se había hecho, según el informe de Cemosa, que revelaba que los cementerios municipales presentaban graves problemas de abandono.

El Ayuntamiento que encabeza Manuela Carmena anunció la remunicipalización del servicio funerario y la creación de una empresa cien por cien municipal que sustituyese a la EMSFM en octubre del año pasado. Entonces el centro del debate era la situación laboral de los 529 trabajadores de la funeraria, que finalmente mantendrán sus puestos de trabajo y sus condiciones laborales al haber sido subrogados.