Trabajadores del deposito de cadáveres de la UCM piden la imputación del exrector José Carrillo

Los cinco antiguos trabajadores del depósito de cadáveres de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) han pedido a la juez que cite como investigado al exrector José Carrillo Menéndez por presuntamente estar al corriente del hacinamiento de cadáveres destinados a la investigación.

En un escrito, al que ha tenido acceso Efe, el representante de los empleados, Jose Luis Vegas, solicita a la titular del Juzgado de Instrucción número 37, Purificación Elisa Paredes, que cite a Carrillo (que fue rector de la UCM entre 2011 y 2015) «a los efectos de que aclare el conocimiento de los hechos por su parte».

Lo hace «a tenor de las declaraciones efectuadas» esta semana en sede judicial por el decano de la facultad de Medicina, José Luis Álvarez-Sala, el exdirector del Departamento de Anatomía y Embriología Humana II, José Ramón Mérida, y el gerente de la facultad de Medicina, Jesús Bragado.

Según ellos, Carrillo «estaba al tanto de lo que sucedía en el departamento de Anatomía, por lo menos desde que Laura Segovia (una trabajadora personada en la causa) se puso en contacto con el decano el día 30 de abril de 2014», días antes de que se publicara la noticia que reveló la situación en el depósito de cadáveres.

Del mismo modo, el letrado pide que se amplíe la querella contra la secretaria académica del Departamento de Anatomía y Embriología Humana II, Crótida de la Cuadra, a la que considera «mano derecha de Mérida» y, por tanto, «con pleno conocimiento de todo lo que acontecía».

Igualmente solicita la comparecencia en calidad de testigos de los periodistas del diario El Mundo Pablo Herraiz y Francisco Alsedo por ser las personas que grabaron los vídeos que obran en la causa, así como «testigos directos del intento de hacer desaparecer cadáveres los días previos a salir la noticia en prensa y visita de la Inspección de Trabajo».

Y también de la inspectora de Trabajo encargada de elaborar el acta de infracción grave Pilar Carranza y de la secretaria administrativa del departamento, Ana María Álvarez quien, según relató Mérida ante la juez, era la persona encargada del registro de cadáveres con nombre, apellidos y enfermedades y responsable del archivo y custodia de los mismos.

El caso arrancó tras la denuncia de la técnico especialista Pilar Mansilla, contra la Complutense por supuestamente contraer cáncer y enfermedades respiratorias tras manejar cuerpos tratados con formol.

Más tarde se personaron otros cuatro trabajadores más por los problemas físicos causados por la exposición durante años al formol, un producto considerado como factor de riesgo cancerígeno que, según la querella, se concentraba en el área donde trabajaba en niveles hasta 25 veces por encima de lo permitido.