El Ayuntamiento de Almería inicia expediente para anular contrato de gestión del cementerios y tanatorio-crematorio

La Junta de Gobierno ha acordado iniciar el expediente de liquidación del contrato de concesión de gestión de servicio público, en la modalidad de concesión administrativa, para la explotación del servicio municipal de cementerios y tanatorio-crematorio con la empresa concesionaria ASV Funesur S.L. La resolución sigue al acuerdo del pasado mes de julio aprobando el cumplimiento de la ejecución de la sentencia, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que anulaba la concesión del Servicio Público Municipal de Cementerios, Tanatorio-Crematorio de Almería, e iniciaba los trámites necesarios para la resolución y liquidación del vigente contrato.

El concejal de Fomento del Ayuntamiento de Almería, Carlos Sánchez, ha precisado que “el proceso de liquidación de este contrato queda a partir de ahora en manos de una comisión designada, formada por técnicos municipales y constituida por seis personas, cuatro jurídicos, un economista y un técnico ingeniero, quienes serán los encargados de seguir la hoja de ruta que han marcado los servicios jurídicos municipales”, un procedimiento que será “lento y trabajoso y que seguirá, en paralelo, a la redacción del nuevo pliego para la nueva concesión, en la que ya se está trabajando”, ha adelantado el edil popular.

Sánchez ha recalcado que “la prestación del servicio durante este trámite está, sin embargo, garantizada”, al tiempo que ha insistido en que “vamos a tratar de agilizar lo más posible para que se pueda sacar a concurso la nueva concesión” y recordado que “dado que el Ayuntamiento no dispone de los medios materiales y humanos necesarios en la actualidad para la prestación directa de este servicio, y teniendo en cuenta que la gestión del servicio, en concesión administrativa, fue adjudicado a la empresa ASV Funeser, en mayo de 2010, por un plazo de 30 años, dichos servicios pueden seguir siendo prestados por esta empresa sin que se produzca menoscabo a los ciudadanos”, como así se aprobó también el pasado mes de julio.